Mientras las autonomías o la propia Administración central todavía luchan por controlar su déficit y evitar que la deuda pública siga en aumento, los ayuntamientos llevan años encadenando superávits que van acumulando en depósitos bancarios que la mayoría no puede utilizar, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España. Unas finanzas más que saneadas que han sido posibles, por un lado, gracias a las fuertes restricciones al gasto impuestas desde el Ministerio de Hacienda, pero también a que los consistorios fueron los primeros en empezar a recuperar sus niveles de ingresos fiscales previos a la crisis económica -de hecho, en 2014 ya los igualaban-, aunque en la actualidad cada murciano paga a su municipio en tributos y tasas locales casi 45 euros menos que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Otra cuestión es el aumento del censo en 100.000 habitantes durante este período, que modera el efecto estadístico.

En concreto, cada residente de la Región de Murcia abona actualmente una media de 565,8 euros en impuestos y tasas locales, de acuerdo con la última edición del informe Haciendas locales en cifras que el Gobierno acaba de publicar con los datos definitivos del año 2017. Un importe que contrasta con los 610,5 euros que se pagaban en el año 2006 y, además, con una notable diferencia: el peso del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre el total de ingresos propios de los ayuntamientos -es decir, los que recaudan los propios consistorios, con independencia de su participación en otros tributos estatales, como el IVA o el IRPF, o de las transferencias del Estado- se ha incrementado en la Región de Murcia más de 40 puntos porcentuales, al pasar del 23% del total a un 65%.

Como recuerda la directora de la cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia y colaboradora del Colegio de Economistas de la Región, María José Portillo, el IBI fue el tributo que, entre otros factores, salvó la situación de las haciendas locales, «que lo estaban pasando muy mal con la gran caída de las tasas asociadas a la actividad inmobiliaria». Y en los últimos años, recuerda María José Portillo, el Gobierno ha permitido que los consistorios lo eleven de una forma notable.

Revisiones catastrales

En concreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 una subida del IBI del 10% con carácter general, que acompañó de la posibilidad de revisar los valores catastrales en los municipios que lo solicitaran y de inspecciones masivas -con fotografías aéreas incluidas- para aflorar construcciones ilegales. El resultado de todo ello es que, si en 2006 cada ayuntamiento de la Región recaudaba una media de 143,9 euros por habitante en concepto de IBI, en el último ejercicio con datos la cifra se había incrementado hasta los 281,1 euros. Una subida que compensa sobradamente el fuerte retroceso que han sufrido otros ingresos, como los procedentes de tasas por licencias de obras, cuya recaudación ha pasado de 79,7 a 12,8 euros por habitante en el mismo periodo.

En cuanto al resto de los principales tributos que gestionan los ayuntamientos, los ingresos por el Impuesto de Circulación o el de Actividades Económicas han subido ligeramente, mientras que la recaudación por la denominada plusvalía -que se paga al vender las viviendas- ha pasado de 28,7 a 30,5 euros recaudados por habitante, aunque en este caso se trata de un tributo actualmente en cuestión, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la forma en que se calculaba.