Ni pueden disponer del dinero que acumulan en el banco para realizar inversiones, porque se lo impide la denominada regla de gasto, ni se atreven a rebajar los impuestos, porque entonces les reducirían también las transferencias que reciben del Estado y podrían verse en dificultades para afrontar sus gastos. Es la difícil situación con la que se encuentran actualmente muchos alcaldes, que ven cómo engordan las cuentas corrientes de sus corporaciones en las entidades financieras -los bancos les empiezan a cobrar por ello-, mientras se muestran incapaces de invertir en nuevos o mejores servicios a sus vecinos, ante el férreo control de sus balances por parte del Gobierno central. Una situación que denuncian a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, cuya presidenta, la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, reclama una flexibilización de la norma que permita a los consistorios hacer uso de sus fondos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo prometió a principios del pasado año, pero su fracaso a la hora de sacar adelante los Presupuestos del Estado y la sucesión de elecciones han dejado el asunto en el limbo. Lo cierto es que tampoco le interesa demasiado, ya que el superávit municipal ayuda a compensar el agujero de las autonomías o de la Seguridad Social de cara al cumplimiento del déficit público que exige Bruselas. «Son las haciendas locales las que evitan que el déficit se dispare, ya que son las únicas saneadas», afirma Muñoz.

Esta situación se agrava más en la Región de Murcia, asegura la presidenta de la FMRM, por la inexistencia de una ley regional de financiación municipal, que debería establecer los criterios de reparto de fondos y que tuviera en cuenta no solo el número de habitantes, sino la dispersión de los núcleos y otras variables. Según María Dolores Muñoz, «los municipios terminamos perdiendo siempre».