Vox exige al Ejecutivo de Fernando López Miras que reduzca las subvenciones a los sindicatos y a la Croem para dar el voto de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional a los presupuestos de la Comunidad para 2020. La formación de Santiago Abascal también incluye entre sus exigencias para apoyar las cuentas de este año el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados ('mena') de la pedanía murciana de Santa Cruz , el llamado 'pin parental' en las aulas y la reparación de la carretera de Benizar, en el municipio de Moratalla.
Croem, CC OO y UGT ven fuera de lugar la pretensión de Vox y dudan de que pueda prosperar. Los sindicatos defienden que las aportaciones de la Comunidad están contempladas en la Ley de Participación Institucional y en la de Libertad Sindical y van destinadas a compensar la labor que realizan las organizaciones sindicales y empresariales en las mesas de negociación con las instituciones.
Las dificultades para sacar adelante los presupuestos han obligado al Gobierno regional a prorrogar las cuentas de 2019, mientras cerraba el acuerdo con Ciudadanos, su socio en el Ejecutivo, y después, con la formación ultraderechista. Tras los primeros contactos está prevista una nueva reunión para la próxima semana, según indicó el diputado de Vox en la Asamblea Regional Pascual Salvador.
El parlamentario explicó que entre las condiciones planteadas al PP para votar a favor de los presupuestos figura la rebaja de las subvenciones de los sindicatos y la patronal Croem con el objetivo de que «las organizaciones de perfil ideológico» se sufraguen con «las cuotas de sus propios afiliados». Como alternativa, Pascual Salvador avanzó que las ayudas de la Comunidad pueden destinarse a otras entidades, «como las asociaciones de discapacitados». Añadió que Vox también plantea en la mesa de negociación las exigencias recogidas en el pacto de investidura.
Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, defienden que las aportaciones de la Comunidad deben ser consideradas como «una compensación» por la labor que desempeñan los sindicatos en un centenar de mesas de seguimiento y organismos públicos en los que están presentes. Navarro y Jiménez remiten a la Ley de Participación Institucional, que regula presencia de sus representantes como interlocutores sociales en los órganos de decisión de las administraciones.
El secretario general de CC OO defendió que «el 80% del presupuesto del sindicato está sustentado por recursos propios» y aseguró que la supresión de la aportación cuestionada por Vox «no sería algo trágico».
Por su parte, Antonio Jiménez consideró que el partido de extrema derecha «muestra un gran desconocimiento de la realidad democrática de un país como el nuestro» y recordó que Vox «no ha planteado reivindicaciones semejantes en Andalucía ni en Madrid». Ambos destacaron en que la labor que realizan los sindicatos como interlocutores de la Administración debería costearse con recursos procedentes de las cuotas de sus afiliados en caso de ser aprobada la propuesta.
También el presidente de la Croem, José María Albarracín, mostró su confianza en «que todos los partidos entiendan que somos parte de la sociedad civil y aportamos nuestra labor como interlocutores». Dejó claro que la patronal «no recibe ninguna subvención a fondo perdido desde hace cinco años».
La Consejería de Hacienda respalda la tesis que defienden los sindicatos y la Croem y coincide en que están amparadas por la Ley de Participación Institucional. El departamento de Javier Celdrán indicó que el consejero pretende cerrar los presupuesto de 2020 «con el máximo consenso». Su objetivo es que la tramitación de las cuentas en la Asamblea Regional «sea lo más ágil posible, sin la inclusión de enmiendas».
