La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha tumbado el decreto aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno regional para acabar con el vacío legal que impedía multar a los organizadores de fiestas y espectáculos no autorizados.
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia y Hacienda, que ahora ha decaído, establecía sanciones de hasta 500.000 euros para las empresas o establecimientos que superen el aforo permitido o pongan en peligro la seguridad de sus clientes.
El decreto ha sido rechazado con los votos del PSOE, Podemos y Vox. El diputado socialista Francisco Lucas ha explicado que su grupo considera urgente la presentación de una ley que regule los espectáculos públicos, pero considera "una chapuza" el decreto en vigor desde diciembre. "No podemos ser cómplices de estas chapuzas", ha dicho Lucas.
El parlamentario del PSOE recuerda que en en estos momentos hay cinco decretos en vigor que regulan los espectáculos públicos, "pero ninguno establece, por ejemplo, quien tiene que inspeccionar un festival como el SOS".
También ha dicho que "Murcia es la única comunidad autónoma que no tiene una ley que regule los espectáculos públicos, porque está pendiente en la Región desde el año 2012", por lo que reclama la presentación de una norma legal que "dé seguridad jurídica a los promotores y a todo el sector cultural".
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos hecho público un comunicado en el que tacha de «irresponsable» la actitud de los grupos de la oposición y defiende que "era importante regular el vacío legal que existía en nuestra Región desde 2017 y que hacía que no hubiera ningún tipo de sanción para la celebración de una multitudinaria fiesta o concierto que careciera de autorización administrativa".
Ciudadanos considera que la decisión de Vox, Podemos y PSOE "nos deja ahora sin un marco legal que aporte seguridad jurídica "con el fin de dar una respuesta inmediata que refuerce la seguridad jurídica y proteja los intereses generales de orden público, seguridad pública, protección civil y salud pública".
Tras dos años de vacío legal, el Ejecutivo tomó la decisión de aprobar este decreto ley en vísperas de Navidad "ante la ausencia de regulación específica, que impedía sancionar las infracciones por la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias sin título habilitante, por el exceso en los límites autorizados o por el quebranto de la prohibición o suspensión ordenada para un evento".
La proximidad de las fiestas fue uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para justificar la premura con la que fue aprobado el decreto, cuyo objetivo era establecer "un marco legal expreso que aportara seguridad jurídica en las sanciones a comportamientos que pudieran poner en peligro la seguridad de los asistentes a actividades recreativas y espectáculos públicos".
