Martha Villas, que ejerce como portavoz de una asociación integrada por algo más de medio centenar de empleadas de hogar de la Región, pone voz a un colectivo formado por miles de mujeres, en su mayoría inmigrantes, que se ven obligadas a soportar unas condiciones laborales especialmente duras y a veces hasta penosas, porque gran parte de ellas están dedicadas al cuidado de personas mayores dependientes. Martha Villas explicó que la plataforma constituida por más de una treintena de organizaciones de empleadas de hogar de toda España -denominada Grupo Turín- ha recurrido al Defensor del Pueblo para conseguir que la Seguridad Social resuelva el agravio que supone para las trabajadoras del servicio doméstico el sistema de cotización aplicado desde que en el año 2012 se modificó el Régimen de las Empleadas de Hogar para integrarlo en el Régimen General.

Sin embargo, destacó que los problemas ocasionados por el desfase entre la jornada real de las trabajadoras y las horas que les computa la Seguridad Social a efectos de cotización no son el único problema al que se enfrentan las empleadas que están dadas de alta. «Algunas llegan a trabajar jornadas de 12 horas al día y solo les cotizan cuatro», aseguraba.

Destacó especialmente los abusos a los que se ven sometidas las mujeres inmigrantes que no tienen papeles y llegan a aceptar las condiciones que les ofrecen, por duras que puedan resultar. «Cuando llega una venezolana, una colombina o una hondureña y necesita trabajar le ofrecen sueldos de hasta 500 y 600 euros por cuidar a veces a dos abuelos durante todo el día. Las que más cobran están ganando 700 euros. Y llegan a trabajar 24 horas, porque incluso por la noche tienen que levantarse y acudir cada vez que la persona a la que cuidan las llama porque tienen sed o quieren que les cambie el pañal», contaba.

La portavoz explicó que la asociación trata de evitar que las trabajadoras acepten salarios tan bajos, pero reconoce que «los 500 o 600 euros que pueden cobrar los necesitan para mandárselos a los familiares que han dejado en su país».

No obstante, sostiene que la organización intenta convencerlas para que rechacen las condiciones abusivas y exijan un trato más justo. «Nosotras les regañamos en la Asociación. Les decimos que no hagan eso», apuntó.

Defiende que el principal objetivo de la organización en este momento debe ser «empoderar a las trabajadoras» para que defiendan los derechos que tienen reconocidos y no se dejen llevar por las exigencias de las familias para las que trabajan. A quienes se agarran a la excusa de que no pueden pagar más por el cuidado de un familiar dependiente les pide que hagan un esfuerzo entre todos. «Si cada hijo o cada pariente colaborara y pusiera 200 euros, sería más fácil».

Recuerda que «muchas personas mayores tienen una pensión» que da para pagar un sueldo más elevado a la cuidadora. En los casos en los que la paga no les llega, propone que el Estado se encargue de aportar la diferencia. «También hay abuelos a los que no les alcanza. En este caso el Estado debe tener un colchón para pagar a la empleada de hogar, tal y como ocurre en Italia».

Por otra parte, apuntaba que «también hay casos en los que la trabajadora no trata bien a los abuelos. Cuando una persona está mal pagada, mal tratada y mal dormida, no va a tener el mimo y las buenas maneras que debería. Una de las cosas que les decimos es que con las personas mayores deben entregarse con vocación por el trabajo».

La secretaria de la Asociación de Empleadas de Hogar de Murcia no se sorprende de que el número de trabajadoras que están dadas de alta en la Región haya descendido en el último año casi un 5%, a pesar de que no existe una situación económica que lo justifique, más allá de la subida que ha supuesto el salario mínimo a 900 euros mensuales, a los que debe sumarse la cuota de la Seguridad Social. Su conclusión es que «hay muchas en la economía sumergida».

Según el dato ofrecido por la Seguridad Social este viernes, en la Región hay 10.975 cotizantes en el Régimen de Empleadas de Hogar, cuando en el año 2013, tras las reforma del sistema, en plena crisis económica, se superaron las 12.000.