12 de diciembre de 2019
12.12.2019
Justicia

Los abogados de la Región de Murcia se rebelan contra un nuevo "maltrato" al turno de oficio

Los colegios profesionales murcianos consideran "inadmisible" que el Ministerio de Justicia obligue a los letrados a demostrar la situación de insolvencia de sus defendidos para conseguir cobrar por su trabajo

11.12.2019 | 22:22
Protesta de abogados de turno de oficio en Cartagena el año pasado.

Los abogados del turno de oficio que no demuestren que sus representados cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no cobrarán, a pesar de haber trabajado por orden de un juez. Así lo ha hecho saber el Ministerio de Justicia, cartera que ocupa en funciones Dolores Delgado, quien ha adelantado que a partir de ahora solo asumirá el pago de aquellos expedientes de justicia gratuita en los que se den los requisitos de carencia de recursos.

El Consejo General de la Abogacía, por su parte, reclama al Ministerio de Justicia que asuma la totalidad del pago del turno de oficio por designación judicial, independientemente de si estas personas tenían el derecho reconocido o no, ya que, según subraya, es un derecho constitucional.

El Colegio de Abogados de Cartagena denuncia que, en ocasiones, es imposible acreditar la situación de insolvencia de los representados, ya que puede tratarse de «indigentes» o «inmigrantes que llegan en patera» que ni siquiera tienen documentos de ningún tipo. El decano de esta institución, Antonio Navarro Selfa, ha denunciado que en torno al 15 o 20% de los casos que tienen por lo penal son de esta clase, «imposibles de justificar», por lo que los abogados que se encargan de ellos se quedarían sin cobrar después de haber hecho el trabajo.

Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, cree que el Ministerio ha tomado una postura «inadmisible» porque «solicita unos documentos que no son de recibo con la ley en la mano». Además, cree que desde Madrid se «coacciona y amenaza» a los colegios profesionales con esta medida. Martínez-Escribano lamenta que desde el Gobierno central, «sea del color que sea», siempre se «maltrata» a la justicia gratuita y pide una reforma integral de la normativa. Mientras tanto, el decano murciano no descarta responder a la ministra y se mantiene «expectante». «Se han barajado paros y concentraciones, pero creo que las medidas deberían ser a nivel nacional», asegura.

En Lorca tampoco ha sentado bien el aviso del Ministerio. «Es como si un médico de Urgencias operara a alguien y luego se descubriera que carece de Seguridad Social. ¿Se lo van a descontar a final de mes?». Con este símil explica la situación Ángel García Aragón, decano del Colegio de Abogados lorquino. El letrado defiende que los profesionales a los que representa «no cometen irregularidades» en este sentido y reconoce que una de las cosas que peor le ha sentado es que esperaran hasta después de las elecciones del 10N para anunciar este nuevo reglamento: «El día 7 se pagó la mensualidad de septiembre sin ningún problema, y la semana siguiente notificaron el cambio». Además, señala que esto supone un nuevo «agravio comparativo» con el resto de comunidades que sí tienen cedidas las competencias de Justicia –todas menos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y la Región de Murcia–, ya que éstas «no tienen este problema».

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