La Comunidad ha pagado por el agua de la desaladora de Escombreras casi cinco veces más que lo que cuestan los caudales de Valdelentisco. Según los datos recogidos en la respuesta que ha dado la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente a una pregunta de la Asamblea, la Administración regional ha pagado 210 millones de euros a las empresas del grupo ACS con las que tiene contratos firmados desde 2006 por los 77 hectómetros cúbicos que ha aportado la planta en la última década. Esto supone que el metro cúbico procedente de Escombreras sale a más de 2,7 euros, cuando el precio de los caudales de las desaladoras construidas por el Ministerio ronda los 60 céntimos.
La elevada factura de la desaladora supera los 50.000 euros diarios, según el cálculo que ofrecía hace un año la Fiscalía, cuando utilizó este argumento para solicitar la intervención de las cuentas de la planta al Juzgado de Instrucción número 5, que investiga a los ex altos cargos de la Comunidad y a los directivos de las empresas del grupo ACS que negociaron y firmaron los contratos en el año 2006. Entre la treintena de imputados en la causa se encuentra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, que presidía el consejo de administración del desaparecido Ente Público del Agua, el órgano de la Comunidad que asumió el contrato de arrendamiento con Hydro Management y los servicios de explotación de Tedagua, filiales ambas del grupo ACS. La primera se ha llevado 148 millones, mientras que Tedagua ha facturado 62,2. Hay, además, 9,6 pendientes de pago.
El Gobierno regional destina este año unos 18,5 millones a pagar la factura de la desaladora de Escombreras. Todo el volumen que aporta se está vendiendo a agricultores del Campo de Cartagena, ayuntamientos y un resort de Torre Pacheco por un precio inferior al coste real.
La desaladora puede llegar a producir cerca de 22 hm3 al año, pero, según los datos aportados por la Consejería, alcanzó su mayor volumen en 2018, con apenas 16,87 hm3.
En los dos primeros años, mientras funcionaba en pruebas, aportó una cantidad insignificante (o,09 y 0,38 hm 3, respectivamente), pero costó cerca de 13 millones.
Los contratos con Hydro Management y Tedagua contienen una cláusula que obliga a la Comunidad a pagar una cantidad anual estipulada hasta 2034 al margen del volumen de agua generado. Esta es la razón por la que sale tan cara.
Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, entre 2015 y 2034 la Administración regional tendrá que pagar a las empresas de ACS 445 millones de euros, que se suman a los más abonados en los primeros seis años. El contrato con ACS establece que en caso de rescisión o incumplimiento el grupo presidido por Florentino Pérez podría reclamar el pago de los 25 años de contrato por adelantado, lo que elevaría la indemnización por encima de los 600 millones.
El expresidente del Gobierno regional Alberto Garre y varios ex altos cargos de la Comunidad que comparecieron ante la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional consideraron que los contratos firmados con ACS contenían cláusulas leoninas y sugirieron que el Ejecutivo debía acudir a los tribunales para liquidarlos.
