Unos 1.700 trabajadores de las gasolineras de la Región están llamados a la huelga convocada por los sindicatos CC OO y UGT para los días 5 y 9 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, para reclamar el desbloqueo del convenio colectivo. El responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Industria de CC OO, Alberto Alarcón, explicaba que la patronal y los sindicatos empezaron a negociar el convenio, que es de ámbito nacional, a finales del pasado año, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo, a pesar de la mediación que se ha producido en Madrid.

El paro está previsto para este jueves, víspera del puente, y para el próximo lunes, que es también festivo en comunidades autónomas como Madrid.

El dirigente de CC OO asegura que las propuestas de la patronal, que está compuesta por pequeñas empresas y por tres grandes multinacionales, Repsol, Cepsa y GALP, «son inasumibles», lo que impidió llegar a un acuerdo a pesar de la intervención del Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje de Madrid, celebrada la pasada semana. En total hay algo más de 254 empresas, pero el número de gasolineras supera las 300.

Las organizaciones convocantes explican en un comunicado que la patronal ofrece «un incremento salarial del 1,3% para el año 2019 y 0,7% para 2020 y 2021, frente al 5,7% que ha firmado esta misma patronal en Valencia para este periodo, cuando desde sus propios informes se desprende un continuo incremento de ventas desde hace años. Mientras tanto, los trabajadores hemos visto mermado nuestros salarios en casi un 5%».

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha hecho público un comunicado en el que la subida ofrecida supondría «un incremento salarial muy por encima del IPC, que en octubre se situó en el 0,1% y, según pronostican los expertos, podría ser incluso negativo al cierre del ejercicio. Eso quiere decir que la propuesta de CEEES no se traduciría en una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del sector, sino en todo lo contrario».

Añade que la coyuntura actual está marcada por «una serie de elementos que amenazan la viabilidad de las estaciones de servicio. Entre ellos cabe destacar la incertidumbre que se deriva de la ausencia de un Gobierno estatal desde hace ya demasiados meses y la recesión económica que se vislumbra cada vez de forma más nítida en el horizonte».

Los empresarios consideran que con esta huelga, convocada en fechas tan señaladas, «serán las estaciones de servicio atendidas y seguras donde trabajan casi 60.000 personas las que se verán más perjudicadas».