29 de noviembre de 2019
29.11.2019
Informe del Agua

Al rescate del Mar Menor

El Gobierno de España aborda el problema como una emergencia ambiental y pone en marcha actuaciones como la apertura de una tubería que deriva parte de las escorrentías al uso agrario

29.11.2019 | 09:58
Al rescate del Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha presentado una hoja de ruta con medidas tanto urgentes como estructurales para la recuperación del Mar Menor, un objetivo que requiere de un trabajo intenso tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de la Región de Murcia dentro de sus respectivas competencias, que deben ser ejercidas de manera coordinada, buscando sinergias y desde un enfoque integral.

El Gobierno de España ha abordado su actuación como una emergencia ambiental, y como tal, todas las actuaciones deben seguir los preceptivos trámites ambientales. El objetivo de esta hoja de ruta es, por tanto, identificar las actuaciones prioritarias y sus proyectos asociados, para no dilatar los tiempos, pero respetando escrupulosamente todos los procedimientos.

En el documento se incluyen medidas inmediatas competencia del Miteco, con la finalidad de paliar la situación de deterioro de la laguna, y se recomienda la aplicación de medidas estructurales que permitan recuperar y mantener el buen estado de la masa de agua y su ecosistema asociado. Un cambio que implica abordar la mejora en la gestión del territorio y de los recursos naturales tanto en la laguna como en su área de influencia, permitiendo la regeneración del Mar Menor y su sostenibilidad a largo plazo.

Actuaciones inmediatas

Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha puesto en marcha en la rambla del Albujón, una de las fuentes de aportes de nitratos al Mar Menor, la tubería de impulsión que deriva parte de las escorrentías para el uso agrario. Se trata de una medida transitoria, pues la solución definitiva depende de otras actuaciones que deben ser analizadas y que implican también a los usuarios agrícolas y a la Comunidad Autónoma.

Desde que en junio de 2018 el Miteco lanzara una instrucción para reforzar las inspecciones en todas las confederaciones hidrográficas, la CHS ha reforzado la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, intensificando la acción de inspección de las superficies de riego, pozos y desalobradoras, y reforzando los medios personales necesarios para el desarrollo de esta labor. Estas tareas se centran en la definición de las parcelas a las que no se encuentra asociado ningún aprovechamiento inscrito en el Registro o Catálogo de Aguas; la inspección y, en su caso, la instrucción de procedimientos sancionadores (con los cierres de actividad correspondientes) a aquellos predios que incumplan el marco normativo vigente, y la inspección y, en su caso, clausura, de las estaciones desalobradoras. Así, sólo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en lo que llevamos de 2019 (expedientes por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura).

Además, el organismo de cuenca ha abierto por estos mismos motivos 641 expedientes sancionadores en toda la cuenca del Segura. Los expedientes abiertos hasta el momento en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión, esto es, regadío ilegal, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas. El refuerzo en la vigilancia e inspección permitirá a la CHS seguir trabajando, pues los datos preliminares que manejan estiman la existencia de al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas de la confederación captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.

Presión del regadío ilegal

La CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales, según quedó establecido en la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes del Mar Menor, que además establece la obligación de restituir toda superficie situada fuera del perímetro del regadío legal a sus condiciones originales (agricultura de secano o vegetación natural), por lo que ahora la Confederación está dando traslado de los expedientes a la Comunidad Autónoma.

En este sentido, se ha acordado consolidar el espacio de trabajo bilateral iniciado recientemente entre la Administración General del Estado y la administración autonómica sobre el Mar Menor para reforzar la coordinación entre ambas administraciones y garantizar de esta forma el seguimiento continuo de la aplicación de sanciones (precintado explotaciones agrarias, cierre de desalobradoras y medidas de restitución a la situación anterior).

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