Las deudas de la Comunidad vuelven a asfixiar a sus proveedores. El presidente de la Croem, José María Albarracín, advertía este viernes de que la demora en el pago de las facturas de la Administración regional está creando dificultades a las empresas, en las que empieza a provocar despidos e incluso puede ocasionar algún cierre. Albarracín presentó este viernes junto a la cúpula de la patronal regional el último Boletín de coyuntura económica de la Croem correspondiente al tercer trimestre, que cifra la deuda de la Comunidad con las empresas proveedoras en 290 millones de euros. El informe alerta de que las facturas pendientes ascendían en mayo a 170 millones, lo que supone que el Ejecutivo murciano ha añadido 120 millones a su deuda comercial en seis meses.

El presidente de la patronal se quejó de que el plazo de pago se ha alargado a los 76 días, cuando la media de las comunidades está en 40 días, lo que supone casi el doble. «Esta dilación se suma a la deuda financiera de la Comunidad Autónoma, que continúa su ascenso rampante», dado que al acabar el segundo semestre del año rozaba los 9.700 millones de euros. «La cifra equivale al 30,6% del PIB y amplía hasta los seis puntos el diferencial negativo con la media autonómica», según recoge el Boletín de Coyuntura, y ha aumentado en 591 millones en los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento del 6,5% anual. No obstante, la patronal recuerda que Murcia ha sufrido las consecuencias del bloqueo de las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda y prevé que los 130 millones comprometidos aliviarán algo la situación.

Recuerda que los gastos de la Comunidad aumentan por encima de los ingresos debido a la subida de los sueldos de los funcionarios y a las transferencias a los ayuntamientos, «mientras que cae el gasto de capital, tradicionalmente asociado a las partidas de inversión». De cara a los presupuestos de 2019, Albarracín ha defendido que el Ejecutivo regional debe ajustar «sus gastos a los ingresos». Criticó también la escasa ejecución de las obras comprometidas por el Ejecutivo regional y por la Administración central, dado que el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras se reduce al 65%.

Albarracín alertó de las señales de enfriamiento que empiezan a percibirse como consecuencia de la ralentización y de amenazas externas como la guerra arancelaria, aunque según recoge el informe, «la economía regional mantiene un buen tono en 2019».

No obstante, la agricultura y la ganadería arrojan cifras negativas y la construcción de vivienda «experimenta un parón en el tercer trimestre, muy posiblemente temporal», mientras que «la obra pública tendrá que pasar a depender más de los proyectos en ejecución que de nuevas licitaciones tras el notable esfuerzo realizado para la aprobación e inicio de obras de relevantes».