22 de noviembre de 2019
22.11.2019
La Opinión de Murcia
Morosidad

La deuda de la Comunidad asfixia a sus proveedores

El presidente de la Croem alerta de que el retraso en el pago de las facturas provoca despidos en las empresas e incluso algún cierre

22.11.2019 | 12:37
Albarracín presenta el Boletín de Coyuntura acompañado por la cúpula empresarial

La deuda de la Comunidad Autónoma vuelve a asfixiar a sus proveedores. El presidente de la Croem, José María Albarracín, ha advertido hoy de que el retraso en el pago de las facturas de la Administración regional está creando dificultades a las empresas, que en algunos casos llegan a provocar "despidos" e incluso pueden llevar a "algún cierre".

Albarracín ha presentado junto a la cúpula de la patronal regional el último Boletín de coyuntura económica de la Croem correspondiente al tercer trimestre, que cifra la deuda de la Comunidad con las empresas proveedoras en 290 millones de euros. El informe alerta de que las facturas pendientes de pago ascendían en el mes de mayo a 170 millones, lo que supone que el Ejecutivo murciano ha añadido 120 millones a su deuda comercial en seis meses.

El presidente de la patronal se ha quejado de que el plazo de pago se ha alargado a los 76 días, cuando la media de las comunidades está en 40 días.

«Esta dilación se suma a la deuda financiera de la Comunidad Autónoma, que continúa su ascenso rampante», dado que al acabar el segundo semestre del año rozaba los 9.700 millones de euros. «Esta cifra equivale al 30,6% del PIB y amplía hasta los seis puntos el diferencial negativo con la media autonómica», según recoge el Boletín.

De cara a los presupuestos de 2019, Albarracín ha defendido que el Ejecutivo regional debe ajustar «sus gastos a los ingresos» para dejar de acumular deudas y no alimentar el déficit.

No obstante, el Boletín recuerda las dificultades que ha causado a la Comunidad el bloqueo de las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda y apunta que la demora en los pagos podría deberse en parte a estos condicionantes. "Afortunadamente, la aprobación de un real decreto en octubre debería permitir corregir esta evolución y aliviar parcialmente la situación, pues la Región recibirá 130 millones por este concepto (de los 4.682 que contempla el real decreto), que amortiguarán igualmente el déficit".

Ha criticado también la escasa ejecución de las obras comprometidas por el Ejecutivo regional y por la Administración central, dado que el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras se reduce al 65%.

José María Albarracín ha alertado igualmente de las señales de enfriamiento que empiezan a percibirse como consecuencia de la ralentización y de amenazas externas como la guerra arancelaria, aunque según recoge el informe «la economía regional mantiene un buen tono en 2019», aunque la creación de empleo "muestra una paulatina moderación".

No obstante, la agricultura y la ganadería arrojan cifras negativas y la construcción de vivienda «experimenta un parón en el tercer trimestre, muy posiblemente temporal», mientras que «la obra pública tendrá que pasar a depender más de los proyectos en ejecución que de nuevas licitaciones tras el notable esfuerzo realizado para la aprobación y comienzo de obras de relevantes infraestructuras».

También mostró su inquietud ante las dificultades que encuentra la recuperación de los vuelos desde el aeropuerto de Corvera a Madrid y Barcelona y el establecimiento de nuevas conexiones con otros destinos internacionales que podrían aportar más visitantes a la Región.

El presidente de la patronal ha apuntado que las iniciativas para la promoción del turismo regional son meros «parches», que no logran el despegue de la Región, pese a las posibilidades que podría llegar a tener como destino turístico.

Entre las posibles rutas aéreas que podrían establecerse en Corvera ha citado las conexiones con Ecuador, teniendo en cuenta que en la Región residen "unas 60.000 personas" procedentes de este país.

Los empresarios también han mostrado su oposición a la moratoria urbanística en el Mar Menor, a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Cartagena con el objetivo de poner restricciones a los nuevos desarrollos en las poblaciones ribereñas que aumentarían la presión sobre la laguna.

El vicepresidente de la Croem y presidente de la patronal de la construcción Frecom, José Hernández, se pregunta qué beneficio pueden aportar las limitaciones a la edificación mientras continúe la grave situación que presenta «el agua» de la laguna. Hernández ha añadido que la Región apostó por el turismo residencial, en lugar de optar por un modelo hotelero como el de Benidorm, lo que hace que permanezca «cerrada diez meses al año».

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y también vicepresidenta de la Croem, Ana Correa, cree que no se puede consentir una moratoria "que no sigue unos criterios técnicos".


Por su parte, Albarracín ha criticado que se «criminalice» a los empresarios y ha recordado que son quienes «tiraron del carro» durante la crisis.

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