15.000 familias con plantas solares se salvan de un recorte del 20%

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que blinda las retribuciones de las 15.000 familias y empresas de la Región que invirtieron en huertos solares y evita un nuevo recorte del 20% que debía producirse el 1 de enero. En toda España se beneficiarán de la estabilidad de nueva prima da a las explotaciones fotovoltaicas unas 60.000 familias y empresas, según los cálculos de Anpier.

Según ha informado el presidente de Anpier, el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, el acuerdo evita la aplicación de una nueva rebaja en las primas a las explotaciones fotovoltaicas, que debía entrar en vigor a principios de año en aplicación de la normativa establecida por el Gobierno del PP. Martínez-Aroca añadió que «dentro de seis años debía producirse otro recorte similar», por los que considera que «se ha evitado la quiebra absoluta» de las explotaciones fotovoltaicas.

Según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, el objetivo del real decreto es «adoptar medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afecten al sistema eléctrico, y en concreto a las instalaciones renovables».

El Ejecutivo añade que el real decreto «evita la situación de incertidumbre que se daría para este tipo de instalaciones en el caso de no aprobarse con rango de ley el nuevo valor de rentabilidad razonable antes del 1 de enero de 2020. Por otra parte, plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz».

Según las estimaciones de Martínez-Aroca, se garantiza la rentabilidad de las renovables hasta 2031, al dar "estabilidad" a las 60.000 familias con inversiones fotovoltaicas que hay en España.

El presidente de Anpier confía en que el real decreto sea ratificado por el Congreso de los Diputados, que deberá convalidar el acuerdo del Consejo de Ministros una vez que se constituya.

Para la asociación, esta nueva normativa se produce tras la acumulación durante los últimos diez años de "recortes retroactivos" que habrían mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado.

De esta forma, Anpier destaca que estas familias no van a verse expuestas a otro recorte "salvaje" adicional del 20%, que "no hubieran soportado", después de haber tenido que refinanciar sus activos para no perder sus instalaciones o patrimonios personales.

En este sentido, el presidente de la asociación ha manifestado que el sector "valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera", argumentando que "en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente".

Por otra parte, Martínez-Aroca ha recordado que "habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración equilibrada", al considerar que "son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39%

es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida".

Añadió que el próximo paso debe ser la eliminación del Impuesto de Generación del 7%.