La trastienda del crimen llega a su final. Los más célebres abogados penalistas de la Región han pasado por aquí, junto a un criminólogo, un conocido periodista de sucesos, una fiscal, un forense y hoy, ya tocaba, un juez. Diez hombres y una mujer: dolorosa brecha. El telón cae hoy con Julio Guerrero, magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Murcia. Sus maneras, mesuradas, un punto adustas, no hacen honor a su apellido. Nacido en la ciudad de Murcia de familia cartagenera, estudió en el colegio Monteagudo (ingresó el mismo año que lo abrían) y cursó Derecho en la UMU. Tenía claro desde pequeño que quería ser juez. Tras el último examen de la carrera, se dio una semana de vacaciones y, transcurrida, enganchó con la oposición. Recaló en el Juzgado de lo Penal en busca de destino más relajado que el de Instrucción.

«En Instrucción, el juez de guardia tiene demasiado poder, los policías y guardias civiles obedecen sin rechistar, aunque vean que te estás equivocando», cuenta. Su gran afición es el esquí; «has escrito ‘afición’», dice asomándose a mis notas, «pero he dicho ‘pasión’». Presume de ser buen esquiador: «¡mi dinero me ha costado en clases!», matiza. Junto a varios amigos, conforma el Club Insolidario de Esquí de Murcia, un grupo de entusiastas de este deporte a los que les organiza viajes por las mejores estaciones de esquí de Europa. Habla con devoción de sus dos hijos: uno de ellos estudia Derecho en Murcia y el otro hace Ingeniería Industrial en Madrid. Me cuenta también que es un manitas en casa. No puedo evitar pensar que es un poco peculiar. Si peculiar es la entrevista que me concede, lo juzgará usted, querido lector. Tal vez, algún día, sea usted el juzgado por él.

P Debe de ser duro enviar a alguien a la cárcel.

R Pues sí, aunque unas veces más que otras. Yo siempre he dicho que no mando a nadie a la cárcel. Se mandan ellos solos, al cometer hechos que tienen previsto un castigo como este. Yo solo aplico la ley, que no he hecho yo, y que a veces ni me gusta. Pero el problema no es mandar a alguien a la cárcel. El problema es determinar cuáles son verdaderamente los hechos. Tenga en cuenta que a los jueces todo el mundo nos engaña: el acusado (es natural, está en su derecho, y lo aprovecha), pero también el denunciante, que exagera, o no cuenta lo que le perjudica. Y encima pretenden que acertemos. ¿Usted se imagina un paciente que vaya al médico y le mienta en los síntomas que tiene y todavía pretenda que se le cure? El juez tiene que aplicar correctamente la ley; y si la ley dice que a un señor que ha cometido un determinado hecho hay que condenarlo a una pena de cárcel, pues se hace. Al que le cueste imponer penas de cárcel mejor es que se haga médico y se dedique a salvar vidas, que debe de ser muy gratificante.

P Una menor denuncia a sus padres por maltrato y el juez le acaba diciendo que lo que tiene que hacer es portarse mejor. Eso sucedió el año pasado en Murcia. Y el juez era usted.

R Bueno, sí, pero la noticia se fijaba en lo accesorio y no en lo principal. Se trataba de un caso en que los hechos denunciados no estaban en absoluto probados. Pero es que, además, a mí me daba la impresión de que la chica era un poco caradura, y que no quería obedecer ni cumplir las normas que deben regir una familia; y aprovechando una simple discusión con los padres (en la que, además, no tenía razón), aprovechó para denunciarlos, con la (creo yo) secreta intención de ‘quitárselos de encima’ y poder hacer lo que le pareciera bien, sin control alguno. Mi sentencia se limitaba a absolverlos por falta de pruebas; y entre los argumentos añadía yo (lo que se llaman los ‘obiter dicta’) que lo que tenía que hacer era cumplir con sus obligaciones, que están señaladas en el Código Civil, y lo desarrollé (suponiendo que la chica leería la sentencia) explicándole lo que tenía que hacer: ayudar en casa, recoger su habitación y esas cosas.

P ¿Cómo es relación entre el juez y los abogados? Porque usted ha tenido sus más y sus menos con alguno de ellos, llegando la cosa incluso a alguna querella.

R Pues es una relación que podríamos llamar ambivalente: tengo abogados que son amigos míos, porque los conozco desde hace muchos años, o de la carrera, aunque ellos saben que si tengo que condenar a su cliente o denegarles cualquier cosa, no me va a temblar la mano para hacerlo, por muy amigos míos que sean. Pero con el resto es difícil mantener lo que se llama una amistad íntima. Tenga en cuenta que debemos ser totalmente objetivos en nuestras resoluciones y es difícil mantener esa objetividad cuando quien te pide, por ejemplo, la libertad de un preso es muy amigo tuyo; por eso yo prefiero buscar a mis amigos en otras profesiones. De todos modos, no me puedo quejar, en lo más mínimo, de mi relación con los profesionales de esta Región.

Y sí, algunos abogados (tres, que yo recuerde, pero en más de 30 años de ejercicio no son muchos) me han puesto sendas querellas, pero siempre es por lo mismo: para intentar apartarme del conocimiento del asunto, porque las resoluciones que dictaba contra ellos no les gustaban. Es una maniobra fraudulenta que no ha prosperado ni una sola vez. Las querellas ni se llegaron a admitir a trámite. Era evidente cuál era su finalidad y fueron convenientemente inadmitidas.

P ¿Se está endureciendo excesivamente el Código Penal en nuestro país para contentar a una población que aplaude dichas medidas?

R Pues sí, en algunos delitos sí puede estar ocurriendo esto, y más que puede pasar en un futuro, por ejemplo, con los delitos contra la libertad sexual, que parece que están aumentando últimamente. Personalmente, no soy partidario de endurecer las penas. Ya son suficientemente graves. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Y evitar subterfugios legales que impidan cumplirlas. Por agravar las penas hasta el infinito no vamos a evitar la comisión de delitos. Ni siquiera la pena de muerte los evita. Las penas no se pueden agravar ‘a golpe de telediario’. Ello debe responder a una política criminal del legislador; pero, claro, como llevamos unos años sin un gobierno estable, y, desde luego, más preocupado de otras cuestiones que de la administración de justicia, pues así nos va.

P La cárcel, encerrar a alguien tras rejas de acero, debería ser un recurso excepcional. ¿No se está abusando de la pena de cárcel en España?

R Le devuelvo la pregunta: ¿quién está abusando? Si se refiere a los jueces, la respuesta es rotundamente no. Ya le dije al principio que los jueces simplemente aplicamos la ley. Estamos obligados a imponer una determinada pena. Los márgenes son amplios, pero le aseguro que prácticamente nunca se imponen los máximos.

Si la pregunta es si abusa el legislador, yo soy un ferviente defensor de la separación de poderes (ya me gustaría a mí que el gobierno lo fuera también) y no suelo opinar sobre lo que hace el legislador. Si acaso sobre lo que no hace: ya podía habernos cambiado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trabajamos con una del año 1882 (y no, no me he equivocado).

P Hablando de la Ley de Enjuiciamiento, ¿cómo cree que funciona la administración de justicia?

R Mal, muy mal. Esto es un desastre. El problema es que ningún gobierno se preocupa por la marcha de la justicia. No hay suficientes jueces ni juzgados. En Europa, la media de jueces es casi del doble que en España. Y en Murcia concretamente necesitaríamos 38 juzgados para llegar al menos a la media española. No digo nada respecto a la europea. El Estado (este gobierno, el anterior, cualquiera) se preocupan de que Hacienda funcione bien. De que la DGT cobre las multas rápidamente. Pero porque recaudan mucho dinero para las arcas del estado. El Gobierno se preocupa de que la sanidad o la educación funcionen medianamente bien, porque son necesarias y porque dan votos. Pero la justicia ni da dinero (al revés: cuesta mucho) ni da votos. Y si se descuidan un poco, todavía los metemos en la cárcel. Por eso el Estado no tiene mayor interés en que la administración de justicia funcione bien. De ahí la rebaja en los plazos de prescripción de los delitos o el recorte de los plazos de instrucción. Lo que está haciendo el legislador con esto es dificultar que podamos condenarlos. Y lo saben.

Y luego están las pretendidas mejoras que no son tales: al parecer se está gastando mucho dinero en digitalizar la justicia, pero deben haber puesto a diseñar el sistema a gente que no ha pisado en su vida un juzgado y que no sabe cómo funciona realmente esto. Estamos muy descontentos. Pero es que lo peor es que el sistema ralentiza los tiempos de respuesta. Con el expediente digital vamos más lentos que antes. En fin, lo que le decía: un desastre.

P Es raro que un juez diseñe una ‘app’.

R Pues sí, supongo. Yo es que he sido desde siempre muy aficionado a la informática. Cuando preparaba la oposición de juez ya me hice un programa para sortear los temas del examen con un ordenador spectrum (que eran los primeros PC domésticos que circulaban en España). Una vez que ya estaba en Murcia, preparé otro programa para el control de la marcha del Juzgado, que me valió un reportaje a toda página en el periódico El País.

Y la app surgió de casualidad, hablando con un amigo abogado que no se dedica al penal y quería saber cómo se fijaban las penas. Conforme se lo explicaba me di cuenta de que lo difícil en este tema lo podía calcular una máquina, y él se ofreció a patrocinarla. Y la hicimos. Hasta Buenafuente me citó en sus monólogos.

P Me gusta hacer esta pregunta y, obviamente, se la tenía que hacer a un juez. ¿Tribunal profesional o popular?

R Pues nuestra Constitución tuvo a bien crear el jurado, pero en España no había tradición juradista, por lo que a mi modesto entender no hacía falta para nada, y la prueba es que a casi nadie le gusta. Como ya han dicho otros entrevistados en esta misma sección: si eres inocente, que te juzgue un tribunal; pero si eres culpable, que te juzgue un jurado, que igual consigues terminar absuelto. Lo que demuestra que no hemos conseguido que el sistema funcione del todo bien, así que yo prefiero el tribunal profesional. Que para eso soy juez.