«Sigo en terapia psicológica por los abusos del sacristán y he tenido que irme de mi pueblo y hasta de la Región». Así se expresa Rubén (nombre ficticio), uno de los jóvenes que, con su denuncia, va a sentar en el banquillo a Francisco José R. P., antaño sacristán de la basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza, pues, afirma, lo violó cuando era un niño.

Rubén, que ahora tiene 32 años (tenía 13 cuando comenzaron las agresiones sexuales), afirma que en los tribunales ha pasado por «una instrucción muy larga» y se ha topado con «una Justicia muy lenta». No obstante, confía en ver en la cárcel al sacristán, del cual lo último que sabe es que «estaba trabajando para una empresa de esas de productos de adelgazamiento». El sacristán fue apartado de su puesto en Cieza por el Obispado cuando salió a la luz este escándalo (en el año 2015, con la primera denuncia, a la que se añadieron dos más).

A Rubén también le gustaría que se sentase en el banquillo el cura que en aquel momento ejercía en La Asunción, un hombre al que las víctimas señalan como encubridor de los abusos presuntamente cometidos por el sacristán. Este sacerdote, ya jubilado, vive en otro pueblo de la Región con su familia. Rubén lamenta que desde el Obispado, asegura, nunca hayan tomado medida alguna contra este hombre.

De Cieza lleva «casi un año fuera» porque «me amenazaban», cuenta. «Ya gané un juicio por amenazas de muerte contra un amigo personal del sacerdote y el sacristán, un cazador que me amenazó con su escopeta y me dijo que me tenía que matar», rememora el joven.

Ahora considera que los papeles del fiscal reflejan «la verdadera atrocidad que nosotros hemos vivido». Se refiere tanto a su experiencia como a la de otros dos monaguillos, «mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, aunque no sean de sangre», subraya.

El fiscal ha pedido penas que suman 45 años de prisión para el exsacristán, que está ahora mismo libre. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía reclaman, asimismo, que sea condenado a indemnizar a los perjudicados con cantidades que suman 170.000 euros.

Afirma el Ministerio Público que los hechos, que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Murcia, se sucedieron entre 1999 y 2003, cuando el procesado ejerció como sacristán y supuestamente «mantuvo de manera reiterada relaciones sexuales de diverso tipo con los menores».

Para ello, añade la Fiscalía, se prevalió de su condición de sacristán y se ganó el favor de los niños dándoles regalos. Además, «en ocasiones llegaba incluso a agredir a los menores y a agarrarlos fuertemente para que no escapasen mientras realizaba con ellos las conductas sexuales».

Si los perjudicados no accedían a sus peticiones, los amenazaba supuestamente con no dejarles ejercer como monaguillos en la misa, con que no iban a salir en la procesión o con que les iba a echar de la parroquia, según la acusación estatal, para la que los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación y tres continuados de agresión sexual. «Las víctimas sentían temor hacia el procesado, dado su comportamiento violento y amedrentador previo, temor que hacía que accediesen a sus peticiones sexuales».

Además de las penas de prisión y las indemnizaciones solicitadas, reclama la inhabilitación absoluta del acusado (que ya no es sacristán) y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante 25 años en uno de los casos y 15 años en los otros dos.

Allá por abril de 2017, la jueza, tras estudiar la denuncia de las víctimas, llamaba a declarar al sospechoso. No procesaba, sin embargo, al cura que en aquel momento estaba en La Asunción, algo que duele a las víctimas: aseguran que el sacerdote sabía las violaciones que estaban sufriendo y no hizo nada para pararlas.

Desde la defensa de los monaguillos explicaban entonces que recurrirían la decisión judicial para pedir de nuevo la imputación del cura, pero, el Ministerio Público no ve indicios para acusar a este hombre. Ahora falta que se fije la fecha para la vista oral, que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Murcia.