Pacto por el Mar Menor, en relación a las declaraciones de Coag y Fecoam de ayer sobre la recuperación del secano, ha asegurado que se trata de un "secreto a voces: que grandes empresas agrícolas compran extensas fincas a precio de secano y las transforman ilegalmente en regadío (logrando agua de manera ilegal, ya sean subterráneas o de otro tipo), multiplicando por diez su valor y consiguiendo enormes beneficios con el cultivo intensivo".
Estas grandes empresas consiguen en unos años la "consolidación" o regularización de esa finca, que pasa de secano a regadío, a través por ejemplo, del Plan Hidrológico de Cuenca o de concesiones de aguas desaladas, según han señalado.
"Estas prácticas son el equivalente de las recalificaciones urbanísticas de la época de la burbuja inmobiliaria. Como ocurría entonces, estos 'pelotazos' se cometen con la connivencia de la Administración y suscitan las sospechas de que detrás puede haber casos de prevaricaciones", han denunciado.
Sin embargo, han lamentado que cuando Coag y Fecoam entregaron un documento con 17 puntos a la ministra de Transición Ecológica, este "no contempla ni la restitución de los regadíos ilegales a secano ni el cinturón verde alrededor del Mar Menor. Por ello, consideran que "el sector agrícola sigue siendo incapaz de reconocer por escrito dos de las más importantes medidas que pueden ayudar a salvar al Mar Menor".
El documento de Fecoam y Coag "sigue hablando de búsqueda de recursos hídricos sin reclamar el fin de los regadíos ilegales (respecto a los cuales, solo en el campo de Cartagena existen cifras que los sitúan entre un mínimo de 1.600 hectáreas y un máximo de 12.000 hectáreas), ni el fin de los cultivos en las orillas del Mar Menor (como se está haciendo por la Comunidad de Regantes de Arco Sur en la zona de Mar de Cristal), ni la posibilidad de aprobar una 'moratoria agrícola', es decir, una medida extraordinaria que dé un respiro al Mar Menor a través, por ejemplo, de limitar temporalmente el número de cosechas anuales o de reducir provisionalmente la superficie cultivable de las fincas de más extensión".
Las sanciones que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) viene imponiendo por uso ilegal del agua son, en muchos casos y a juicio de Pacto por el Mar Menor, ineficaces. "Se trata de sanciones pecuniarias cuyo pago compensa a la empresa agrícola para seguir cultivando. Esta situación deben cambiar con la aplicación, desde febrero de este año, de la Ley de Medidas Urgentes para la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor".
Sin embargo, critican que la Comunidad Autónoma, a quien compete el control de la fertilización de los campos no ha impuesto ninguna sanción en cumplimiento de la referida Ley ni ha realizado un control efectivo de los nitratos desde que el entorno del Mar Menor se declaró 'zona vulnerable por contaminación de nitratos', hace más de veinte años.
