Del «vuelva usted mañana» al «vuelva usted en septiembre de 2020» hay casi más de un año de espera. De esta manera, los extranjeros que quieren formalizar su solicitud de asilo en la Región de Murcia obtienen esa respuesta en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, apuntan tanto fuentes policiales como de las organizaciones no gurnamentales que trabajan con extranjeros en la provincia.
Y la burocracia no es pequeña: hay que rellenar un formulario sobre la situación familiar y socioprofesional; documentación personal del solicitante, itinerario y recorrido hasta llegar a España y cómo ha sido la entrada en el país, es decir, si lo han hecho por tierra, mar, aire o de «forma desconocida». Además, deberán aportar junto con el formulario una «copia del pasaporte de hoja biográfica y sellos (mostrar el original) (excepcional delacración jurada); documento acreditativo de domicilio en la Región y 8 fotografías en formato DNI, todas iguales». Solo conseguirán la cita si aportan formulario y documentación.
En esa cita, la persona migrante argumentará el porqué de la solicitud de asilo y los motivos por los que solicita protección. Es entonces cuando se abre un expediente -formado por esa única entrevista- que será enviada a la oficina de asilo del Ministerio del Interior para que, sin volver a contactar con la persona solicitante o su familia, se decida si se acepta la protección o si se le deniega.
Mientras tanto, la persona solicitante ya forma parte del sistema de protección (hasta que se resuelva su expediente) y cuenta con una documentación que se conoce como la 'tarjeta roja', que se renueva cada seis meses. Tras la primera renovación ya se obtiene el permiso de trabajo.
Ahora bien, años tras año, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirman que se deniegan dos de cada tres solicitudes. No es tan sencillo.
«A los que están solicitándola ahora, tras grabarla en la base de datos, le dan para septiembre», indican fuentes policiales. Desde ONG como Cruz Roja en la Región subrayan al respecto que «de media se tarda unos dos años desde que lo solicitan y se lo concede el Ministerio».
Desde la ONG Convivir Sin Racismo su portavoz en la Región, Juan Guirado, pone el acento en «la campaña que diversas organizaciones estamos realizando por estos retrasos y múltiples trabas para conseguir cita en Extranjería». Concreta que «la Oficina de Extranjería tarda una media de tres meses para citas de reagrupación familiar: si le sumas el procedimiento administrativo, puede llevar a casi un año desde que cumples los requisitos a tener una autorización para reagrupar contigo a tu cónyuge o hijos».
«En el área policial de la misma oficina, las pocas citas que se abren para la huella de expedición de la autorización de residencia o para tramitar una carta de invitación, se realizan los viernes a partir de las tres de la tarde, a las pocas horas se cubren todas y toca esperar toda la semana», destaca Guirado.
Desde su punto de vista, «el sistema está colapsado y lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, incluso al actual delegado del Gobierno», Francisco Jiménez.
«Además, todas las trabas administrativas para conseguir estas citas han alimentado un mercadeo en el que empresas (algunas desde Internet), locutorios y oscuros abogados hacen su agosto a costa de inmigrantes al borde de la desesperación», afirman desde Convivir Sin Racismo. Algo que está pasando especialmente en grandes urbes. Y es que «150 euros cuesta una cita en Madrid y en Barcelona puede llegar al doble», destacan en la asociación.
La organización tiene claro que «dificultar el acceso a los trámites de regularización de la situación administrativa no es solo una forma de maltrato institucional; en realidad es una nueva frontera invisible». Sin documentación no hay nada que hacer. Ni abrir una cuenta del banco -algo básico en esta sociedad, ni pagar un teléfono, ni solicitar ayudas de la Administración, ni alquilar un piso. Solo con el pasaporte ni tan siquiera pueden contratar Internet. La desprotección es absoluta, lamentan desde las oenegés consultadas.
«Su vida se queda parada»
¿Y de qué viven? La respuesta es inmediata. «De la economía sumergida, es decir, de trabajos y sueldos que rozan la esclavitud», explican. A veces, por ejemplo, en el campo, muchas horas.
Desde Convivir Sin Racismo Vivir hacen hincapié en que los solicitantes de asilo se ven obligados a «vivir en el mundo de la clandestinidad». Y es que «al estar en situación irregular no es posible ejercer derechos básicos como circular libremente por su ciudad, escolarizar a sus hijos o acceder a un trabajo digno», lamentan.
Van más allá, al señalar a «personas que pierden su trabajo al caducar su documentación y no poder renovarla». Un trámite burocrático que les está dejando sin sustento. No solo eso. Se da el caso de «personas que son residentes legales que quieren regularizar la situación de sus hijos recién nacidos o que les caduca la documentación y su vida se queda parada simplemente porque nadie les puede atender», insisten desde la organización.
También se da el caso en la Región de Murcia de «personas que, al haber caducado sus documentos, se han quedado sin tarjeta de residencia y pierden derechos adquiridos como el paro, la sanidad universal o el poder renovar su empadronamiento». No solo es el tema del asilo: son demasiadas trabas.
El Ministerio del Interior se comprometía el año pasado a acelerar plazos y triplicar el número de resoluciones, pero el objetivo, desde el punto de vista de los afectados, todavía está bastante lejos de cumplirse.
