La Asamblea Regional aprobó ayer 32 propuestas para proteger el Mar Menor, entre las que destacan el decreto ley para su protección integral, un plan extraordinario de actuaciones, la urgente puesta en marcha del llamado plan Vertido Cero y la moratoria urbanística de forma cautelar.

Las medidas se aprobaron tras un intenso y largo debate en un pleno monográfico centrado en la laguna, en el que no participó el presidente regional, Fernando López Miras, que sí lo hará el próximo lunes en la primera sesión de Control al Gobierno. Siguió el Pleno monográfico de la Asamblea regional sentado en su escaño, observando desde primera fila cómo los portavoces de los grupos parlamentarios exponían y criticaban manteniendo un tono electoral que denotaba la cercanía de las elecciones para, segundos después, insistir en que la recuperación de la laguna salada solo puede tener lugar si hay unión entre todas las administraciones públicas.

La primera intervención fue la del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que enumeró -apoyándose en varios mapas y gráficos- las fases por las que ha pasado el Mar Menor desde las lluvias torrenciales de mediados de septiembre -la DANA-. Según comentó, un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) apunta que fue la entrada de unos 60.000 millones de litros de agua dulce, acompañados de materia orgánica y nutrientes, la verdadera culpable del episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos el pasado fin de semana. Mencionó también otro estudio académico, en este caso de la Universidad de Murcia (UMU), para explicar que la fauna se desplazó hacia zonas menos profundas, por encima de la capa sin oxígeno, pasando así a «condiciones de baja salinidad», lo que les supuso un desequilibrio que, en algunos casos, «también pudo ser letal».

Luengo hizo referencia a que, según las conclusiones del departamento de Salud Pública del Gobierno Regional tras inspeccionar once zonas de baño, no había existido vertido fecal los días previos a la muerte de la fauna. Este episodio, indicó, «ha lastrado los avances que se habían logrado» en los últimos años para recuperar el ecosistema de la laguna salada, que había recuperado los valores de salinidad y temperatura normales y valores bajos de nutrientes.

Respecto a los vertidos, aseguró que la Comunidad Autónoma ha cumplido «con firmeza» con su obligación de vigilancia y control. En este sentido, concretó que las inspecciones realizadas han permitido la detección de medio centenar de puntos de vertidos al Mar Menor y «llegar hasta donde nos permiten nuestras competencias, que es hacer los correspondientes requerimientos a los ayuntamientos y a la Demarcación de Costas, que son quienes deben clausurar esos vertidos». El consejero detalló que salen por la rambla del Albujón al Mar Menor 150 litros de agua cargada de nitratos, lo que supone, al día, más de 2.300 kilos de nitratos, una cantidad similar a cinco piscinas olímpicas. Es por eso por lo que pidió a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) intensificar sus esfuerzos para identificar y evitar cualquier tipo de vertido que se esté generando a los cauces de las ramblas y drenajes y al Mar Menor.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Diego Conesa, responsabilizó a los dirigentes del PP del «ecocidio» de la laguna, y les acusó de «inacción», al tiempo que tachó a López Miras de ser «un escollo» pues «su búsqueda del enfrentamiento continuo entre administraciones le incapacita para trabajar». «Tiene dos meses para presentar la ley protección integral del Mar Menor, trabaje o retírese», le dijo.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, quiso dejar claro que su partido, si bien es socio de Gobierno del PP en la Comunidad Autónoma, no se va a convertir en su «cómplice» ni va a «hacer la vista gorda» en lo que respecta a la gestión del Mar Menor. «Vamos a exigir que se depuren todas las responsabilidades políticas y penales de este desastre natural», comentó Molina. La recién estrenada diputada de Podemos, María Marín, quien tomó ayer posesión de su cargo, aseguró que lo ocurrido en la laguna «tiene un logo y unas siglas» y acusó al PP de favorecer durante años «la violación de las leyes» que protegen la laguna. Vox, por su lado, propuso crear una gestora del Mar Menor que deje fuera a los políticos y solo se integre por técnicos, pero esta medida no fue respaldada por el resto de grupos. El portavoz del PP, Joaquín Segado, sostuvo que el Gobierno regional «está cumpliendo absolutamente con su responsabilidad», y redprochó a Conesa su «obsesión» por llegar al Gobierno regional «como sea».

Una treintena de medidas

El intenso debate decayó al comienzo de la segunda parte de la sesión, que tuvo lugar por la tarde. Estaba previsto que el Pleno se reanudara a las cinco, pero no fue hasta pasadas las seis y media cuando los portavoces de los grupos aparecieron en el Hemiciclo tras un largo tiempo debatiendo la idoneidad de las propuestas presentadas por cada formación. Al final, salieron adelante una treintena de medidas, las presentadas por PSOE -algunas de ellas con aportaciones de otros grupos-; PP y Ciudadanos. Ninguna de las tres resoluciones de Vox fueron respaldadas, como tampoco las diez de Podemos.

Entre las propuestas aprobadas se encuentran la elaboración urgente de un decreto ley para la gestión integral del Mar Menor que incorpore regulación de los instrumentos de gestión ambiental; la creación de un plan extraordinario de recuperación de la laguna; la suspensión cautelar de todos los desarrollos urbanísticos que afecten a la zona y la petición a los municipios ribereños para que sigan la misma línea y la implementación de un plan, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, para paliar los efectos de la obligada paralización de su actividad.

También salieron adelante la constitución de la Fundación del Mar Menor y solicitar al Gobierno central la redacción de un plan específico para la ejecución de las infraestructuras necesarias para la evacuación y el tratamiento de aguas del freático procedentes del bombeo de sótanos en edificios contiguos a la ribera, así como la ampliación del encauzamiento de la rambla del Albujón con elementos blandos y la petición al Ejecutivo de la Nación de declarar la situación del Mar Menor de emergencia ambiental extraordinaria por el estado actual de su ecosistema.