La empresa de Puerto Mayor tiene dos meses de plazo para quitar las tablestacas (pantallas de acero utilizadas en las obras portuarias) que clavó en el fondo del mar hasta que la obra quedó paralizada por orden judicial en el año 2005. El Consejo de Gobierno ha ratificado este jueves la decisión de la Consejería de Fomento de dar por caducada la concesión de 1975, en la que se escudó la compañía para iniciar las obras de la dársena situada en el mar Mediterráneo, junto al puente del Estacio de La Manga. El Ejecutivo ha resuelto que la sociedad promotora de Puerto Mayor «no tiene derecho a indemnización alguna».

La Consejería de Fomento decidió dar por caducada la concesión antes del verano, pero no ha conseguido localizar a los responsables de la sociedad Puertomayor S. A. , promotora de las obras, para comunicarles oficialmente la decisión, que está avalada por un dictamen del Consejo Jurídico, en el que también se daba por cerrado el largo proceso administrativo.

Este departamento se ha dirigido en varias ocasiones a los directivos de la sociedad creada por el fallecido Tomás Maestre para que pudieran presentar alegaciones. «La notificación a la concesionaria se ha realizado por medios electrónicos mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración», según informaron fuentes de la Consejería. «Las notificaciones en este supuesto se entienden rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido», precisaron desde Fomento. El acuerdo del Ejecutivo regional se publicará en el BOE y en BORM.

Con este trámite quedará liquidada la concesión que ha provocado un litigio entre la Comunidad Autónoma y la sociedad Puertomayor S. A. desde hace tres décadas.

Según informaron fuentes del Ejecutivo, la resolución aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno incluye la retirada de las tablestacas instaladas por la empresa en el plazo de dos meses, lo que implica que deberá costear el levantamiento de las obras.

Puerto Mayor se inició en 2004 a raíz de una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad que dio pie al inicio de las obras, al dar por buena la concesión y no exigir una declaración de impacto ambiental previa. El Ministerio de Medio Ambiente recurrió a los tribunales y consiguió que las obras fueran suspendidas.

Anse recordaba ayer que en 2005 protagonizó una protesta junto con Greenpeace, «que provocó la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente». La organización añade que «el argumento del Gobierno, que esgrime 'la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente', es uno de los que Anse planteó a comienzos de siglo» para anular la concesión.