La denuncia que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia presentó el pasado julio contra el expresidente de la Comunidad Autónoma y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, por el caso de la Desalinizadora de Escombreras sigue sin encontrar ningún juzgado que quiera asumir su competencia para tramitarla.
El trasiego que desde hace meses sufre esa denuncia se ha puesto de manifiesto de nuevo cuando el juzgado que instruye la causa principal, en el que había recalado la misma procedente de otro órgano jurisdiccional, la ha devuelto al considerar que no procede admitirla a trámite al estar la instrucción cerrada.
El ministerio público presentó su denuncia contra Valcárcel por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, entre otros, en el juzgado de Instrucción número Cinco de Murcia, por tramitarse en este el caso de presunta corrupción relacionado con la desalinizadora.
Pero la titular de este órgano jurisdiccional la remitió al Juzgado Decano para que la misma fuese repartida.
Comenzó entonces un peregrinaje por varios juzgados, hasta que la causa volvió de nuevo al número Cinco, que ahora acaba de devolverla al número Uno.
En su resolución, la magistrada, María del Mar Azuar, señala que no procede abrir un procedimiento contra el exmandatario regional ya que la investigación quedó cerrada hace meses por decisión de la Audiencia Provincial de Murcia.
Esta, al estimar el recurso presentado por varios de los investigados, declaró que la causa no podía ser declarada compleja, al haber expirado el plazo del que disponía el juzgado para tomar esa decisión, lo que motivó incluso la suspensión de las declaraciones que estaban previstas para fechas posteriores.
Esa decisión de la Audiencia, que consideró que los plazos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal son preclusivos, fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región.
En el caso de la Desalinizadora de Escombreras, en el que figura como uno de sus principales investigados el exconsejero regional de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, se trata de esclarecer si en el proyecto y construcción de la obra, que partió de la iniciativa privada, se pudo producir un perjuicio para el erario público con los fondos comprometidos para su explotación.
