Ecologistas en Acción ha lamentado que las medidas incluidas en el plan de 'vertido cero' al Mar Menor son "escasas y débiles" en lo que respecta al cambio de modelo productivo, no actúan en el origen de la contaminación y apuestan por infraestructuras que ya fracasaron en el pasado y que generarán nuevos problemas por contaminación en el Mediterráneo.

La coordinadora del área de Aguas de la ONG verde en la Región de Murcia, Julia Martínez, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para analizar la declaración de impacto ambiental (DIA) del plan de vertido cero, de la que ha destacado que hace un adecuado diagnóstico de la situación y constata que la contaminación en la laguna salada tiene su origen, principalmente, en la actividad agraria, así como que ha habido un incumplimiento generalizado en su control y en la gestión del agua, por lo que, a su juicio, "ya no caben actitudes negacionistas".

Sin embargo, en su opinión, hay un "desfase y falta de coherencia" entre ese diagnóstico y las 21 medidas incluidas en el plan, puesto que no permitirán un verdadero cambio de modelo productivo, al no implantar límites legales más estrictos para las explotaciones.

Esa debilidad, ha criticado, se ve reflejada en el presupuesto, ya que de lo más de 600 millones que está previsto invertir en las 21 medidas, unos 300 millones se emplearán solo en cuatro de ellas, relacionadas con la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, mientras que se ha renunciado a las medidas que para los ecologistas son las más eficaces y trascendentales, como la recuperación de los espacios litorales o la mejora de la fertilización.

Martínez ha insistido en que esas actuaciones a las que se destinarán más fondos no son "eficientes" porque confunden la gestión del agua con la de los nutrientes; están orientadas a captar flujos de agua y aportar recursos a los regadíos, cuando su objetivo debería ser el de evitar la entrada de nutrientes a la laguna con medidas "en origen" y basadas en la naturaleza de la cuenca.

Las medidas propuestas, ha insistido, son "de final de tubería" y generarán un elevado coste de mantenimiento y explotación, de unos 29 millones de euros al año, que tendrán que aportar los regantes, lo que pone en duda que puedan llegar a entrar en funcionamiento.

Solo por esos costes de explotación, los regantes tendrán que asumir un coste de 0,44 euros por metro cúbico de agua, a los que habrá que sumar gastos de construcción y de distribución.

Se repetirían así situaciones del pasado, como las grandes infraestructuras construidas en los años 90 para gestionar drenajes, aguas de riego y salmueras que no llegaron a utilizarse por sus elevados costes de funcionamiento.

Además, incluso funcionando en condiciones óptimas, sin averías o roturas, esos nuevos sistemas hidráulicos generarán 2.125 toneladas anuales de vertidos de nitratos al Mediterráneo, donde podrían iniciarse también procesos de eutrofización (aumento de los nutrientes) como los que ha sufrido ya la laguna, con lo que las medidas podrán provocar más impactos ambientales.

En ese sentido, Martínez ha denunciado que se están tomando solo medidas con una visión meramente hidráulica, pero sin tener en cuenta las funciones ambientales del agua en sus sistemas naturales y los enfoques más novedosos de soluciones basadas en la propia naturaleza.

Por todo ello, ha advertido de que las inversiones millonarias planteadas, lejos de resolver los problemas del Mar Menor, podrían incluso generar otros nuevos al contaminar el Mediterráneo, por lo que ha calificado el proyecto de "temerario" y plagado de "incertidumbres".

De esa manera, ha señalado también, será "difícilmente subvencionable con fondos europeos" e incluso podrían conllevar sanciones.

Martínez ha insistido en que el plan de 'vertido cero' ignora la importancia de mantener y recuperar la funcionalidad de la dinámica hidrológica natural, cuando la clave para revertir la situación de la laguna es, para los ecologistas, la "prevención en origen" que pasa por la reducción de la superficie de regadíos en las zonas más cercanas a la laguna sustituyéndolos por cultivos de secano o agricultura extensiva creando barreras naturales de retención del agua y de los nutrientes.

También ha lamentado que incluso las medidas que ya están actualmente vigentes, por ejemplo, las aprobadas en 2018 en el decreto de medidas urgentes para el Mar Menor no se han cumplido, y el Gobierno regional ha "facilitado" ese incumpliento.

Por eso, ha insistido en la necesidad primordial de revertir y poner "sanciones ejemplares" a todos los regadíos y roturaciones ilegales de la zona y acabar con los regadíos intensivos en toda la franja desde la autovía AP7 hasta el Mar Menor para tener alguna garantía de mejora.