El Tribunal Constitucional va a estudiar si fue legal la devolución de la paga extra suprimida en 2013 con los recortes, que el Ejecutivo murciano ha abonado en febrero de este año a los 54.000 funcionarios de la Comunidad.
El Pleno del Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, contra la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para el ejercicio 2019, que contempla parte de la paga extra retenida a funcionarios públicos.
El Tribunal suspende la aplicación y vigencia del precepto impugnado en lo que se circunscribe al apartado segundo de la mencionada disposición adicional, tras la invocación por parte del presidente del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.
Fuentes de la Consejería de Hacienda han indicado que esta suspensión no obliga a devolver el dinero abonado por la Administración regional a los funcionarios y apuntaron que la Comunidad esperará a conocer la decisión definitiva del Constitucional. Además, el Ejecutivo regional se personará en el recurso para defender la legalidad de la disposición recogida en los presupuestos.
El Gobierno central considera que sólo se pueden devolver las pagas suprimidas dentro de los planes de ajuste aplicados por las comunidades autónomas que tenían más dificultades para contener el déficit aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit y la regla de gasto.
Recuerda que en octubre del año pasado emitió un informe en el que consta que «la Comunidad Autónoma no cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de 2017", por lo que avisó al Ejecutivo murciano de que no podía abonar el dinero.
Además, en mayo de este año hizo constar en un nuevo informe que tampoco cumplía los objetivos de 2018.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de septiembre el recurso que ahora ha sido admitido por el Constitucional.
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma cobraron en febrero de este año el 75% de la paga extra suprimida en 2013, de acuerdo con los plazos pactados por la Consejería de Hacienda y los sindicatos.
El importe de la devolución que los 54.000 empleados públicos recibieron con la nómina de febrero alcanzó los 32,5 millones de euros. La Administración regional ya había devuelto el 25% del complemento autonómico de la extra de 2013 junto con la nómina de octubre de 2018. El importe de la devolución abonada entonces ascendió a 10,8 millones de euros.
En total, el dinero recuperado por los funcionarios de la Administración regional con al devolución de la paga suprimida hace cinco años asciende a 43,3 millones.
La suspensión acordada por el Constitucional surte efecto desde la interposición del recurso de 30 de septiembre de 2019 para las partes del proceso y desde la fecha en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado, para los terceros.
El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso y al Senado y al Gobierno y a la Asamblea Regional de la Región de Murcia, respectivamente, para que puedan personarse y formular alegaciones.
El Gobierno considera que se ha podido vulnerar la legislación básica aplicable e indirectamente el título competencial del Estado. La sentencia que se dicte en su día corresponderá al magistrado ponente Cándido Conde-Pumpido.
