La Asamblea regional aprueba por unanimidad, aunque sin Podemos porque su diputada aún no había tomado posesión, una declaración institucional sobre la situación de Cataluña en la que se condena explícitamente la actitud de Torra y la deriva violenta del movimiento independentista.

DECLARACIÓN INSITUCIONAL SITUACIÓN CATALUÑA

Desde el pasado lunes, cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia de los líderes independentistas catalanes del procés, Cataluña está viviendo unas jornadas de violencia e inseguridad que están causando graves daños personales y materiales, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana.

Los CDR y nuevas plataformas como ‘tsunami democrático’ están promoviendo actos, concentraciones y movilizaciones provocando brotes y actuaciones violentas que impiden a la inmensa mayoría de los catalanes ejercer con libertad sus derechos.

La intensidad de las protestas y los actos violentos, lejos de bajar su intensidad han ido en aumento desde que se conoció el veredicto, y hoy hay convocada una jornada de huelga general que puede agudizar la situación.

El presidente de la Generalitat lejos de ponerse al lado de la Constitución y la defensa de los derechos y deberes de los catalanes mantiene su actitud de desobediencia a los principios constitucionales.

En estos momentos en los que Cataluña y los catalanes están sufriendo una oleada de violencia y de alteración de la convivencia, la Asamblea Regional de Murcia quiere condenar la actitud del presidente de la Generalitat, el señor Torra, que insiste en su línea de convocar un referéndum ilegal y romper la unidad del Estado español, al mismo tiempo que mantiene un actitud tolerante con la situación de violencia que están sufriendo muchos catalanes .

La Asamblea Regional quiere manifestar también su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que junto a los Mossos d'Esquadra están defendiendo el orden constitucional con gran riesgo para su integridad física.

La Asamblea Regional respaldará al Gobierno de España en la adopción de las medidas necesarias para garantizar la unidad de España y la legalidad constitucional.