Arrancaba el mes de abril de este año cuando más de medio centenar de efectivos de la Guardia Civil e inspectores de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica ponían en marcha una macrooperación de búsqueda de desalobradoras ilegales, vertidos de salmueras y pozos de agua sin permiso en explotaciones agrícolas de varios municipios ribereños del Mar Menor.
Llevaban tiempo detrás del asunto y ese día hacían el despliegue, en el marco de la investigación de los vertidos ilegales y la contaminación de la laguna salada, que impulsó en 2016 el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera (hoy fiscal jefe) y que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia, cuyo titular es Ángel Garrote.
Este juez espera poder empezar en noviembre a tomar declaración a los implicados en el caso, aunque «estamos pendientes de que confirmen un refuerzo, para empezar», explican fuentes judiciales. Se refieren a una petición que se hizo, y que fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial: que otro juez se haga cargo de este juzgado para que Garrote pueda dedicarse solamente a este caso, que es muy amplio, y a otros que también lleva entre manos en estos momentos.
Y es que se prevé que haya que tomar declaración a más de un centenar de personas. La parte policial del asunto está cerrada, pero la judicial se encuentra «en stand by», apuntan las fuentes.
El motivo: aunque el Poder Judicial esté de acuerdo con liberar a Garrote para que centre sus esfuerzos en este asunto, el Ministerio aún no se ha pronunciado. Y del Ministerio depende la dotación presupuestaria. pagar a otro juez para que provisionalmente asuma los asuntos del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia.
Fueron 45 las personas imputadas y 48 las desaladoras precintadas, además de 25 pozos ilegales, confirmó en su momento la Delegación del Gobierno.
