12 de octubre de 2019
12.10.2019
Tribunales

El juez pide ayuda para abordar el proceso de las desaladoras ilegales

El Poder Judicial aprueba que otro magistrado se ocupe del Juzgado de Instrucción Nº 2 y así empezar las declaraciones

12.10.2019 | 04:00
Un coche de la Guardia Civi, el día que se hizo la operación.

Arrancaba el mes de abril de este año cuando más de medio centenar de efectivos de la Guardia Civil e inspectores de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica ponían en marcha una macrooperación de búsqueda de desalobradoras ilegales, vertidos de salmueras y pozos de agua sin permiso en explotaciones agrícolas de varios municipios ribereños del Mar Menor.

Llevaban tiempo detrás del asunto y ese día hacían el despliegue, en el marco de la investigación de los vertidos ilegales y la contaminación de la laguna salada, que impulsó en 2016 el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera (hoy fiscal jefe) y que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia, cuyo titular es Ángel Garrote.

Este juez espera poder empezar en noviembre a tomar declaración a los implicados en el caso, aunque «estamos pendientes de que confirmen un refuerzo, para empezar», explican fuentes judiciales. Se refieren a una petición que se hizo, y que fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial: que otro juez se haga cargo de este juzgado para que Garrote pueda dedicarse solamente a este caso, que es muy amplio, y a otros que también lleva entre manos en estos momentos.

Y es que se prevé que haya que tomar declaración a más de un centenar de personas. La parte policial del asunto está cerrada, pero la judicial se encuentra «en stand by», apuntan las fuentes.

El motivo: aunque el Poder Judicial esté de acuerdo con liberar a Garrote para que centre sus esfuerzos en este asunto, el Ministerio aún no se ha pronunciado. Y del Ministerio depende la dotación presupuestaria. pagar a otro juez para que provisionalmente asuma los asuntos del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia.

Fueron 45 las personas imputadas y 48 las desaladoras precintadas, además de 25 pozos ilegales, confirmó en su momento la Delegación del Gobierno.

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