09 de octubre de 2019
09.10.2019
Inmigración

La llegada de menas pone contra las cuerdas al Gobierno regional

El Ejecutivo critica que el protocolo de emergencia social no permita a las ONG acoger a inmigrantes menores de edad que llegan en patera

08.10.2019 | 21:05
El centro de Santa Cruz cuenta con tres módulos.

Los centros de menas de Alhama y de Santa Cruz están ocupados por encima de su capacidad, con 124 inmigrantes, según Política Social

La llegada masiva de inmigrantes en patera a las costas de la Región de Murcia ha desbordado los centros de acogida que están funcionando en la actualidad, lo que ha hecho que desde la Comunidad Autónoma se pida más esfuerzos a la Delegación del Gobierno con el objetivo de controlar los flujos migratorios y solicite ayuda para atender a los menas (menores extranjeros no acompañados), ya que estos se han convertido en el principal quebradero de cabeza de la Administración.

La Consejería de Política Social del Gobierno regional estima que en estos últimos días han llegado a Murcia cerca de 200 personas en una veintena de pateras. De los ocupantes de estas embarcaciones, varias decenas son menores no acompañados, conocidos tradicionalmente como menas, por lo que han congestionado tanto el centro de primera acogida de inmigrantes menores de Alhama de Murcia, como el centro Rosa Peñas, de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Estas dependencias, que pertenecen a la Dirección General de Familias y Protección de Menores de la Consejería de Política Social, tienen capacidad para acoger a 115 niños y hasta ayer tenían en sus instalaciones un total de 124 menores (52 en Alhama y 72 en Santa Cruz), cifra que va variando día tras día y que viene a confirmar que tienen una ocupación por encima de sus posibilidades.

El problema radica en que los menas, cuando llegan, tienen que ser atendidos por la Comunidad Autónoma en unos centros específicos de los que sólo funcionan dos en la Región (Alhama y Santa Cruz) y que ya se han quedado pequeños, no pudiendo hacerse cargo de ellos las ONG, ya que requieren de una vigilancia especial con tutela 24 horas. Esta situación ha puesto contra las cuerdas a la Consejería de Política Social, que reclama ayuda al Gobierno central a través de la Delegación del Gobierno en Murcia para poder atender a los menores extranjeros que llegan a las costas de la Región.

Por ello, la Consejería murciana exige al Gobierno de la nación «que asuma su responsabilidad sobre el control marítimo para evitar oleadas de pateras, en lugar de trasladar la responsabilidad a las autoridades locales o regionales, causando situaciones a las que no se puede hacer frente con los recursos de que se disponen». 

La vicepresidenta del Gobierno murciano y consejera de Política Social, Isabel Franco, considera que «más allá de anuncios mediáticos, el Gobierno de la nación está mostrando su total incapacidad para hacer frente a una situación dramática, haciendo dejación de sus funciones y favoreciendo un efecto llamada imposible de asumir por las administraciones locales y regional en Murcia y en otras comunidades autónomas de España».

Ante las críticas del Ejecutivo regional, desde la Delegación del Gobierno en Murcia insisten en que la normativa establece que las personas más vulnerables o en situación de desprotección, como son las mujeres que llegan con sus hijos, «siempre son acogidas por ONG, mientras que los menas pasan a depender de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, son acogidos en los centros correspondientes tras el procedimiento habitual, por lo que no se puede decir que se esté bloqueando el trabajo de las ONG».

Por otro lado, explican que el protocolo de emergencia social se activa cuando viene una avalancha de pateras y «en estos momentos está en marcha desde que lo activó el Ministerio a final del pasado mes de septiembre», a lo que añaden que seguirá estando en vigor mientras que la situación de emergencia social persista y las ONG tengan capacidad para acoger a estos inmigrantes. Sin embargo, Delegación no especifica que esta emergencia social no dice nada de cómo se atenderá a los menores extranjeros, que es el problema al que se enfrenta el Gobierno murciano.

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