Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), sostiene que «si se consiguiese el reconocimiento de la prostitución como una actividad laboral, todas las personas trabajadoras se podrían dar de alta como autónomas».

«La cuestión es que las personas que trabajan por su cuenta sí que se podrían acoger a esta fórmula, como autónomas», explica al respecto. En la misma línea, Pardo apunta que «en los pisos y en los clubes se debería reconocer la relación contractual entre trabajadora y empresario, ya que se trabaja por cuenta ajena dando un porcentaje de los beneficios a éste».

De esta manera, subraya, «si las trabajadoras se dieran de alta como autónomas serían falsas autónomas realmente».

En opinión de Nacho Pardo, «lo que se debería permitir en estos casos es hacer contratos laborales con las condiciones que marca el Estatuto de los Trabajadores».

Tiene claro que «esto es más fácil hacerlo, si hubiera voluntad política, en los clubes de alterne que en los pisos», a lo que añade que «en estos no se podrían dar de alta como falsas autónomas o se debería buscar otra fórmula laboral más cercana a la cooperativa o cualquier modelo de trabajo cooperativo en el que no hubiese jefa». «Y esto es más complicado, pero viable y muy necesario para evitar los abusos laborales», manifiesta Pardo.

Más de 1.800 contactadas

Preguntado por cuál es actualmente el número aproximado de prostitutas que se encuentran en la provincia, el portavoz de la asociación contesta: «No puedo dar esa cifra y creo que nadie. Sí puedo hablar de que CATS ha contactado con más de 1.800 personas en la Región de Murcia en todos los ámbitos: club, calle y pisos».

Pardo incide en que en esta comunidad el trabajo sexual «se encuentra dentro de la alegalidad». «No se persigue la prostitución, excepto con las ordenanzas municipales de ciertos ayuntamientos como el de Murcia y con la aplicación de la Ley Mordaza en las calles y carreteras, pero tampoco está reconocida como actividad laboral», al igual que ocurre en el resto de España, precisa al respecto.

Vuelve a poner el acento en la «indefensión que provoca cualquier criminalización como la que ocurre con la ordenanza de Murcia», que multa a las trabajadoras sexuales con sanciones que van desde los 350 a los 3.000 euros, algo con lo que no están de acuerdo en absoluto. «De esta ordenanza, CATS hizo un informe de las consecuencias sufridas por las mujeres en el que se detallas todos los problemas que ha provocado, tanto jurídicos, como laborales, administrativos, sociales y psicológicos y personales/familiares», remarca Pardo.