04 de octubre de 2019
04.10.2019
Tribunales

La Asociación para la Sanidad Pública exige la retirada del recurso contra la Transparencia

Critica al SMS por obligar al consejo presidido por José Molina a gastar dinero en abogados por amparar una solicitud justificada

04.10.2019 | 13:29
El SMS ha recurrido contra el Consejo de la Transaparencia.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública exige la retirada del recurso contencioso interpuesto por el Servicio Murciano de Salud (SMS) contra el Consejo de la Transparencia por respaldar la petición de datos sobre el gasto en intervenciones quirúrgicas y pruebas de diagnóstico pagados a los hospitales concertados en 2015 y 2016.

Esta asociación critica que la Comunidad obligue al órgano encargado de velar por la transparencia de la propia Administración regional a gastar dinero en abogados y procuradores para defenderse en el recurso y recuerda que el Tribunal de Cuentas ha criticado año tras año el descontrol del gasto del SMS cuando fiscaliza los presupuestos, por lo que considera justificada su actuación.

Recuerda que la Comunidad Autónoma ha acumulado ya una deuda de 10.000 millones de euros, «por lo que no lanza un buen mensaje a la ciudadanía cuando recurre intentos legítimos de que se rindan cuentas y opta por la vía judicial».

El colectivo Murcia Transparencia Independiente había pedido al SMS, entre otros datos, los nombres y apellidos y la especialidad de los médicos y enfermeros que participaron en las intervenciones quirúrgicas realizadas por personal de la sanidad pública en hospitales privados para agilizar la lista de espera.

La petición que ha dado lugar al recurso estaba referida a los años 2015 y 2016, aunque posteriormente Murcia Transparencia ha requerido también al SMS la misma información referida a los años 2017 y 2018.

Esta asociación también había preguntado al SMS cuánto pagó a sus empleados y a los hospitales concertados en los que se realizaron las intervenciones a pacientes del sistema público y el tiempo de espera en las especialidades en las que practicaron estas intervenciones.

Igualmente, solicitaba información sobre el coste de las pruebas diagnósticas realizadas en centros concertados en 2015 y 2016.
El SMS respondió que no podía facilitar estos datos porque no estaban informatizados y tendría que procesarlos expresamente.

El órgano responsable de gestionar la sanidad pública se acoge a un precepto legal que permite «inadmitir» una solicitud de información si hace necesaria «una acción previa de reelaboración».

Ante el requerimiento del Consejo que preside José Molina para que facilite la información solicitada o diga al menos cuándo podrá disponer de los datos requeridos, el SMS ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra el órgano encargado de velar por la transparencia en la Administración Regional, que preside José Molina.

Ahora, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública exige la retirada del recurso y sostiene que «el interés» del colectivo que solicitó los datos «está más que justificado».

Recuerda que «el SMS ha sido apercibido repetidamente por el Tribunal de Cuentas de su falta de control en sus contratos. Por ejemplo, en su informe sobre el ejercicio del 2012 este organismo fiscalizador advertía específicamente que los procedimientos de control y validación de las actividades externalizadas eran gestionados manualmente y, por ello, susceptibles de error, y de que las tarifas no estaban suficientemente evaluadas y justificadas».

La Asociación para la Sanidad Pública defiende que «hay indudable interés público en conocer si el SMS controla adecuadamente los más de 125 millones de euros que paga anualmente a los hospitales concertados», aunque trate de eludir las solicitudes de información.

Añade que, como Murcia Transparencia Independiente ha pedido el amparo del Consejo de la Transparencia, «no parece» que este órgano «tenga otra opción que reconocer el derecho legítimo de MTI a preguntar y reclamar que el SMS cumpla la ley y entregue la información».

Por eso considera que «este recurso contra la resolución del Consejo de la Transparencia más parece un intento de dilación, despiste y opacidad que de defender la justicia».

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