«Me comí un albaricoque mayero y se me cayó el diente. Míralo aquí», clamaba, allá por junio del año pasado, Josefa Muñoz a las puertas de la clínica de iDental en Cobatillas, ya cerrada a cal y canto. La mujer había ido al dentista precisamente a que le arreglasen el percance y se quedó con la pieza literalmente en la mano. Entonces los afectados que empezaban a congregarse en la puerta del negocio no sabían que eran los único: que había pasado en toda España. Ha pasado más de un año de aquello, los damnificados de la Región formaron distintas plataformas para ir a los tribunales y ahora hallan otro revés.

Y es que había tantos casos que los distintos juzgados que tramitaban las denuncias de los afectados acabaron por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Entonces, el magistrado José de la Mata, con la idea de facilitar la instrucción, limitó el número de acusaciones particulares, lo cual obligaba a las víctimas a agruparse en un total de seis personaciones, esto es, solo seis abogados. Algo que no hizo gracias a los miembros de la Plataforma de Afectados por iDental de Murcia (PAIM), que recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional.

Ahora, en un auto fechado el 20 de septiembre, la Sala de Lo Penal no les da la razón. Sostiene que «la decisión judicial, adoptada precisamente para posibilitar una respuesta ágil en tutela efectiva de los intereses legítimos de los partícipes en la causa, no desoye las normas de deontología profesional».

Asimismo, considera la Audiencia que hacer esto «no impide la actuación de los señores letrados de forma colegiada, y, por otra parte, las dudas sobre coordinación y puesta en práctica de la agrupación, han de ser solventadas por el órgano judicial, perfilando cómo se materializará la medida dispuesta y compatibilizando la efectividad de la libre elección de letrado codefensor».

José Manuel Hernández Benavente, abogado de la Plataforma de Afectados por iDental de Murcia (afectado también, tendrá que dejar la defensa), comenta, tras conocer el auto, que la mayoría de los miembros de este colectivo «aún» se encuentran en tratamiento médico por daños físicos y sobre todo mentales, de autoestima, sentimiento de engaño y estafa». Desde su punto de este, «este sentimiento se verá incrementado por la decisión de la Audiencia Nacional». Recuerda que «nos hemos reunido los primeros meses todos los miércoles de cada mes en el colegio Valentín Buendía de Las Torres de Cotillas gracias a la cortesía del Ayuntamiento de dicha localidad, e incluso contamos con despacho propio».

Hernández Benavente subraya que «250 afectados de la plataforma confían en mí, saben que lucharé por sus derechos e intereses de forma personal e individual, saben que pueden localizarme en todas las reuniones, satisfacer sus dudas, miedos inquietudes, algunos conocen a mi familia pues, soy de Alguazas, algunos incluso han venido a visitarme a mi despacho, saben quién soy, las líneas de defensa que voy a seguir y saben mi presupuesto, el mío y el de mi compañera Tamara Belmonte Zambudio, la cual me ha acompañado en este arduo camino».

El letrado se muestra contrariado con la resolución de la Audiencia Nacional y se pregunta si acaso «es lo mismo representar a 252 personas en un procedimiento que a 66.000», así como «qué va a cobrar el letrado que se le asigne de los seis» y «qué acceso pueden tener con un abogado que tiene el despacho en Madrid, del cual no han oído hablar y al cual no conocen».