El Servicio Murciano de Salud (SMS) lleva a los tribunales al Consejo de la Transparencia por respaldar la solicitud de información presentada por una asociación que preguntó datos económicos sobre el coste de las intervenciones quirúrgicas realizadas por personal del SMS en los hospitales concertados entre 2015 y 2016 para agilizar las listas de espera. La Asociación Murcia Transparencia Independiente había pedido al SMS en 2017, entre otros datos, los nombres y apellidos y la especialidad de los profesionales que participaron en las intervenciones quirúrgicas en hospitales privados. Ante el requerimiento del Consejo que preside José Molina para que facilite la información solicitada o diga al menos cuándo podrá disponer de los datos, el SMS ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra el órgano encargado de velar por la transparencia en la Administración Regional.
Esta decisión aboca a la Comunidad Autónoma a un pleito entre dos organismos de la Administración autonómica adscritos a dos consejerías diferentes, Salud y Transparencia, respectivamente. No obstante, el Consejo de la Transparencia es un órgano independiente, cuyo presidente es elegido por la Asamblea Regional.
La disputa ha obligado a los Servicios Jurídicos a tomar partido por una de las dos partes en litigio y de momento, el SMS cuenta con el apoyo de los letrados de la Comunidad, que respaldan los argumentos esgrimidos por el organismo responsable de la sanidad pública. Mientras tanto, el Consejo de la Transparencia tendrá que pagar a un procurador y a un abogado para hacer frente al recurso del SMS. A juicio de su presidente, José Molina, la presentación del recurso supone «un derroche de dinero público». A preguntas de esta redacción, Molina consideró que la pretensión del SMS es «ganar tiempo» y eludir la respuesta, dado que «un procedimiento contencioso no dura menos de nueve meses».
Molina niega que facilitar los nombres de los médicos y profesionales de los hospitales públicos que salieron a operar en centros concertados pueda considerarse información confidencial, puesto que se trata de «funcionarios públicos que realizaron un trabajo».
Murcia Transparencia también había preguntado al SMS cuánto pagó a sus empleados y a los hospitales concertados y el tiempo de espera en las especialidades en las que practicaron estas intervenciones. Igualmente, solicitaba datos sobre el coste de las pruebas diagnósticas realizadas en centros concertados en 2015 y 2016. El SMS respondió que no podía facilitar estos datos porque no estaban informatizados y tendría que procesarlos expresamente. El órgano responsable de gestionar la sanidad pública se acogió a un precepto legal que permite «inadmitir» una solicitud de información si hace necesaria «una acción previa de reelaboración». El Consejo de la Transparencia le exigió entonces que precisara cuánto tiempo necesitaría para facilitar la información.
La respuesta del órgano de la Consejería de Salud que gestiona la sanidad pública ha sido un recurso contencioso en los tribunales.
