21 de septiembre de 2019
21.09.2019
Justicia

El fiscal jefe pide que se elimine el plazo de seis meses para instruir

Díaz Manzanera dice que la Ley de Enjuiciamiento Criminal crea "una vergonzante sensación de impunidad"

21.09.2019 | 04:00
José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de la Región.

Cree que "es muy difícil explicar a un ciudadano del siglo XXI que un asunto se va al traste" por falta de tiempo

El fiscal jefe de la Región, José Luis Díaz Manzanera, abogó este viernes por la derogación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha reducido a seis meses el plazo de instrucción de los juzgados. Este precepto, que ha permitido dar carpetazo en la Región a causas por corrupción política como el llamado caso Pasarelas, en el que estaba acusado el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, y a declarar nulas las diligencias realizadas en el último año por el juzgado que investiga la actuación de la Comunidad Autónoma en la desaladora de Escombreras, genera en opinión de Díaz Manzanera «una vergonzante sensación de impunidad».

El máximo responsable de la Fiscalía considera «es muy difícil explicar a un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado o interesado se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles en función de unos medios que son del siglo pasado».

Explicó que la filosofía por la que se ha regido la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era evitar que las investigaciones judiciales se alargaran en el tiempo de forma «inaceptable», pero añadía que esta medida «debe venir precedida de la dotación de los medios adecuados y no hacerse a cualquier precio», dado que puede llegar a «atentar contra el respeto a los derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva». Recuerda igualmente que las asociaciones de Fiscales y Jueces están exigiendo reiteradamente la derogación del artículo 324 «o al menos su modificación».

«Se han utilizado muchos términos para describir la triste situación creada ante los archivos que se están produciendo de algunos procedimientos penales, pero al margen de las interpretaciones que se puedan estar dando al citado artículo, y de que éstas se compartan o no, lo que va a suponer que sea el Tribunal Supremo y, en su caso, el Tribunal Constitucional el que se pronuncie, las consecuencias que se derivan de su aplicación estricta puede atentar al mismo 'ius puniendi' del Estado y a la imagen de la Justicia, generando una vergonzante sensación de impunidad».

El fiscal jefe considera que la solución al callejón sin salida que ha impuesto la reforma «es un problema de toda la ciudadanía, que afecta al propio sistema democrático y lo que es más grave, a la propia credibilidad de la Justicia, debiendo evitar entre todos que se produzca cualquier atisbo de desarraigo hacia aquélla».

Para resolver el conflicto apela a la colaboración de «los profesionales de la Justicia, de los medios de comunicación, de las fuerzas políticas, de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de la sociedad, que es la última destinataria y razón de ser de nuestro trabajo».

En el balance del pasado ejercicio que hacía Díaz Manzanera durante su intervención en la apertura del año judicial mostró su disposición a seguir trabajando en la causa del Mar Menor, «para exigir tanto su pronta recuperación como la concreción de los responsables de su situación».

En los casos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo destacó que la Fiscalía ha conseguido 40 sentencias condenatorias de las 50 que se han dictado, al tiempo que recordaba la intervención, junto con la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción, en la recuperación del archivo de Juan de la Cierva.

El fiscal jefe demanda igualmente una reforma legal que permita sancionar a los usuarios de patinetes eléctricos.

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