Los receptores de las prestaciones de la renta básica de inserción (RBI) en la Región de Murcia recibieron en 2017 1.036 euros anuales, 725 menos que la media nacional y hasta 2.262 euros por debajo de los que más cobran, los del País Vasco, la comunidad que más financiación aporta a esas ayudas.

Así se desprende del estudio sobre las condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la región de Murcia, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés).

Según ese estudio, desde la puesta en marcha en 2008 de la RBI se ha incrementado la prestación un 53,5 por ciento desde los 675 a los 1.036 euros.

Aunque la media nacional de esas aportaciones creció a menor ritmo (un 40,5 por ciento), la cuantía que perciben los murcianos en riesgo de exclusión sigue siendo muy inferior a la media y es la quinta más baja de todo el país, solo por debajo de Ceuta (584), Castilla-La Mancha (602), Andalucía (841 euros) y Baleares (1.012).

En el polo opuesto, siguen al País Vasco (3.298) Extremadura (2.874), Navarra (2.762), Cataluña (2.700) y Cantabria (2.206).

Esas prestaciones llegaron en 2017 a 13.649 personas en la Región de Murcia, lo que equivale a una tasa de 9,28 ayudas por cada 1.000 habitantes, frente a las 16,73 de media en España.

Si se toma como referencia esta tasa nacional, en Murcia deberían haber recibido la RBI casi 24.600 personas, advierten desde la EAPN.

La entidad ha considerado que se trata de un objetivo "posible y deseable", puesto que en la Región hay más de 23.500 hogares (56.300 personas) con una renta inferior a los umbrales establecidos para cobrar la RBI.

Casi 9.900 de esos hogares están en el Campo de Cartagena y el Mar Menor y otros 8.100 en la de la huerta de Murcia.

Las ciudades de Cartagena y Murcia acumulan 5.900 y 7.900 de esos hogares, respectivamente.

Por ello, para la EAPN sería conveniente flexibilizar los requisitos de acceso a estas ayudas, mejorar su cuantía, ampliar los periodos de percepción y agilizar los tiempos de respuesta simplificando su tramitación administrativa.

Además, advierte de que la mayoría de los ayuntamientos se han visto obligados a aprobar ayudas puntuales para paliar la situación de vulnerabilidad social de las familias y cubrir gastos esenciales de alimentación, vivienda, educación o empleo.