18 de septiembre de 2019
18.09.2019
Economía

Los exdirectivos de la CAM proponían un doble pacto para librarse de la cárcel

Roberto López Abad y Daniel Gil condicionaban su conformidad en la causa de los negocios de la caja en el Caribe a su exculpación en la abierta por los pelotazos de la entidad, en la que también están investigados

18.09.2019 | 04:00
Roberto López y Daniel Gil (tercero y quinto por la derecha) junto a sus abogados ayer llegando a la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional busca fechas para juzgar Valfensal.

Después de siete años de investigación y de tres aplazamientos de la vista oral, la Audiencia Nacional busca ahora fechas libres para juzgar el proceso abierto por los negocios de la CAM en el Caribe. Una causa cuyo enjuiciamiento estaba señalado para ayer con la vista puesta en la posibilidad de que los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera hubieran seguido los pasos de sus compañeros de banquillo, los empresarios Juan Ferri y José Baldó, quienes hace meses aceptaron los hechos que se les imputan a cambio de evitar la cárcel.

Los cuatro son los únicos acusados que quedan en este procedimiento después de que, tras admitir los hoteleros que recibieron créditos irregulares de la entidad, que defraudaron a Hacienda y pagar cerca de 28 millones al Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Tributaria, se retiraran las acusaciones para nueve de los once encausados, entre ellos uno de sus empleados, otros exdirectivos de la caja y cuatro exmiembros de la comisión de control.

De haberse sumado la conformidad de López Abad y Gil Mallebrera a la de sus otrora socios en Valfensal (la sociedad que Ferri y Baldó crearon con la CAM para la aventura empresarial de la caja al otro lado del Atlántico), el proceso hubiera quedado ayer visto para sentencia. Pero no fue así.

El acuerdo no ha sido posible y no porque los ex altos ejecutivos no hayan barajado esa posibilidad para evitar el riesgo de acabar en prisión por los cuatro años que se les reclaman a cada uno por un delito de administración desleal.

Dos vértices

La propuesta planteada por sus representantes legales pivotaba sobre dos vértices: admitían la culpa a cambio de una rebaja considerable en la cantidad con la que tendrían que hacer frente a la responsabilidad civil y, además, su exclusión de otra de la causas abiertas por la gestión de la CAM en la que ambos figuran como investigados, la que indaga si la caja financió pelotazos de una decena de mercantiles en la compra de terrenos. Un proceso, denominado TIP Suelo, aún en fase de instrucción.

La exculpación fue rechazada de plano por el Fondo, acusación particular en este proceso, en línea, en lo relativo a lo económico, con la postura de Caser. La aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza de responsabilidad civil de sus altos cargos tampoco está por la labor de hacer frente al abono de alrededor de siete millones (de los más de 13 que reclama el Fondo) a cambio de no arriesgarse a una condena que le obligue a desembolsar los 15 millones de la póliza.

De haberse aceptado la propuesta de los exdirectivos, López Abad habría saldado sus cuentas con la Justicia con menos de un año de prisión en esta pieza del Caribe a expensas de lo que diga el Supremo en la de las dietas del expresidente Modesto Crespo, única causa en la que ha sido condenado (a dos años y medio de cárcel) tras dos absoluciones refrendadas ya por el Alt0 Tribunal.

Para Daniel Gil, habría sido su primera condena pero, excluido de TIP Suelo, únicamente le habría quedado pendiente el proceso que indaga las relaciones de la caja con Hansa, donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por otro delito de administración desleal. Comparte banquillo ahí con la exdirectora general María Dolores Amorós, con el fundador de la promotora, Rafael Galea, y con el exdirector del holding inmobiliario de la caja.

La falta de esa conformidad unánime en la pieza del Caribe, donde el Banco de España y las acusaciones sostienen que las operaciones provocaron una agujero a la caja de 28 millones, obliga a la Audiencia Nacional a buscar hueco en su agenda para un juicio que está previsto que se prolongue un par de semanas.

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