Hay que tener en cuenta que la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad: no es legal ni ilegal y su ejercicio libre (cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado.

Allá por el mes de marzo se manifiestaban en La Glorieta, en Murcia. Algunas ocultaban su rostro con una máscara debido al estigma que aún pesa sobre la labor que desempeñan.

Al grito de «trabajo sexual es trabajo», un grupo de personas se concentraba frente al Ayuntamiento capitalino para reivindicar que no están haciendo daño a la sociedad con lo que hacen, libre y voluntariamente. Que la prostitución elegida no tiene nada que ver con la trata. Y que no quieren que se les criminalice ni se les multe por su trabajo.

El Ayuntamiento de Murcia tiene en vigor, desde el año 2013, la ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio. Esta norma pretendía castigar y multar tanto a quien ejercía como tal como a quienes requerían sus servicios.

En 2016, la entonces concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, señaló que su equipo de Gobierno estaba a la espera de tener un informe completo sobre los resultados de la ordenanza, así como que «no tendremos ningún inconveniente en revisarla y, cambiarla».

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) lamenta que, hoy en día, las trabajadoras sexuales estén sufriendo un «discurso del odio». En este sentido, pone varios ejemplos. «Cuando una prostituta se atreve a hablar en público y su discurso no es abolicionista, se le acusa de falsa prostituta, privilegiada o directamente cómplice del proxenetismo», destaca el colectivo.

Asimismo, afirma que algunas abolicionistas optan por «argumentar que la opinión de las prostitutas carece de validez», así como por «confundir intencionadamente prostitución con trata» (la trata sí es un delito) y «no aceptar otros discursos en prostitución diferentes al abolicionista argumentando que no son feministas, pues, si eres feminista, eres abolicionista».

«Son solo algunos ejemplos que alimentan el estigma, son discriminatorios y atentan contra la dignidad de personas que lo único que hacen es trabajar para salir adelante en una sociedad de mercado», remarcan desde CATS, donde tienen claro que «dicho discurso está construido con la intención de criminalizar a personas que no se consideran víctimas y provocan acciones y políticas destructivas contra el colectivo de prostitutas históricamente discriminado».

A este respecto, ponen el acento en el «dogma» abolicionista que reza que «toda prostituta es una víctima y su salud mental está gravemente afectada; por tanto, cuando ella habla contradiciendo el discurso abolicionista, o no es prostituta o es una marioneta de su proxeneta».

También lamentan que parezca que «las prostitutas son otras, distintas del resto de mujeres, no son mujeres normales, no hay que escucharlas», así como el discurso que dicta que «las feministas abolicionistas sabemos lo que necesitan estas mujeres; ellas no lo saben».