05 de septiembre de 2019
05.09.2019
La Opinión de Murcia
Corrupción

La 'Púnica' estafó más de un millón a docentes de una cooperativa en Cartagena

Una empresa integrante de la trama construía estos centros y exigía "poder total" para gestionarlos, según la Audiencia Nacional

04.09.2019 | 21:22
La cooperativa de enseñanza Miralmonte está en el polígono Santa Ana de Cartagena.

Los actuales socios del centro Miralmonte han logrado salir adelante "a cambio de cobrar 900 euros y de un duro trabajo; es una pesadilla revivirlo todo"

Es la única conexión de la Región con la última 'entrega' de la trama de corrupción Púnica. Se trata de la cooperativa de enseñanza Miralmonte de Cartagena, a cuyos socios una de las empresas de la trama, Alfadel, dejó una deuda de 14,3 millones de euros, de los cuales más de un millón se habrían llevado directamente, según consta en los libros del centro, explica el presidente de la cooperativa Alfonso Pérez de Diego.

Alfadel habría liderado en 2005 la construcción del centro en unos terrenos cedidos en el Polígono de Santa Ana, una iniciativa que fue rechazada desde el principio por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, Ucoerm, según relata su presidente, Juan Antonio Pedreño. «Era ilógico construirla pues no había necesidades educativas en la zona; pero hubo cesión de terrenos y se presionó para que se concertara el centro», recuerda.

Según el relato de los hechos que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para formar una pieza separada, la número 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la trama Púnica, el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y número 2 del PP en esa región, Francisco Granados, lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de esta y otras comunidades autónomas.

El corazón del negocio era Alfadel, la promotora de Alfonso Ferrón del Río y el 'patrón' era el mismo en todos los casos investigados: la empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, desde autorización para contratar servicios hasta firma en las cuentas bancarias para pagarlos.

Era así como Ferrón les cargaba facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama -las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados- y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él «se procuraba ingentes beneficios».

El colegio, no obstante, se construía. Según el auto del juez, el primer paso era «un concierto criminal» en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también investigado, «definían en qué Ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, qué cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos».

Granados, por su parte, habría sido determinante. El juez expone que «usaba sus influencias políticas» para que los ayuntamientos cedieran suelo «a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio público de interés».

«Somos las víctimas»

Pérez de Diego, explicó ayer que «nosotros somos las víctimas, los estafados; no sabíamos nada. Se han llevado nuestro dinero».

Detrás de Miralmonte hay en la actualidad 42 socios, docentes que desde que lograron «echar» en 2007 a la empresa de Madrid que gestionaba la cooperativa, han salido adelante «con mucho esfuerzo, cobrando entre 900 y mil euros al mes durante muchos años».

Ahora tienen que recordar toda la pesadilla vivida durante estos años y que «habíamos conseguido olvidar; solo queremos trabajar».

La construcción del colegio habría estado sobredimensionada en más del doble, ya que de los 6 millones previstos inicialmente, la deuda terminó siendo de 14,3 millones. «Todas la facturas estaban infladas, se fueron con los bolsillos llenos», dijo Pérez.

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