31 de agosto de 2019
31.08.2019
La Opinión de Murcia
Seguridad

Los Ayuntamientos pierden la batalla ante los gorrillas

Miles de multas a los gorrillas se quedan en papel mojado y pese al aumento de denuncias en los últimos meses, no consiguen sacarlos de las calles

30.08.2019 | 21:17

En Murcia son sancionados por invadir la calzada y en Cartagena por una ordenanza que prohíbe la mendicidad.

Las sanciones impuestas a los gorrillas tanto de Murcia como de Cartagena acaban en 'papel mojado' y no logran ahuyentarlos de las calles, ya que estas personas terminan siendo consideradas 'insolventes' al no poder hacer frente al pago de las multas. Además, en la mayoría de ocasiones carecen de domicilio, así como de papeles para hacerles llegar la pertinente notificación.

Es una situación que vienen sufriendo desde hace tiempo las dos grandes ciudades de la Región. Ante la proliferación del 'fenómeno gorrilla' en la capital, el Ayuntamiento de Murcia estudia la manera de ponerle freno, por lo que la Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige el concejal Eduardo Martínez-Oliva ya adelantó a finales del pasado mes de julio que han presentado un borrador a los Servicios Jurídicos Municipales para poner en marcha una nueva ordenanza menos permisiva con estos 'aparcacoches' ilegales.

En la ciudad «no existe calle de un barrio que no esté controlada por un gorrilla», señala Martínez-Oliva. Desde el pasado mes de marzo hasta el día de hoy se han registrado, según los datos del concejal, más de 1.500 sanciones a estas personas. Y es que a los gorrillas murcianos no se les sanciona por mendicidad, no es una práctica ilegal en la ciudad, sino por estar simplemente en la calzada: no pueden quedarse ocupando la carretera si hay una acera al lado, según la normativa municipal.

Desde Fesp-UGT, el responsable del sector de Administraciónlocal, José Juan González, señala que, en este caso, el Ayuntamiento da «palos de ciego», ya que se decide sancionar «de forma selectiva» a los que están realizando esta actividad, pero no a la persona que se baja de un coche para guardar una plaza de aparcamiento: «Eso es igual de sancionable, porque al fin y al cabo están invadiendo la calzada. La ley es igual para todos».

Por su parte, Martínez-Oliva recalca que su concejalía recibe una media de 40-45 denuncias de este tipo a la semana, una problemática que va en aumento y que no consiguen remediar. El concejal lo tiene claro: «Esta no es la solución, porque prácticamente hay conflicto todos los días entre los gorrillas».

Por este motivo la nueva ordenanza, que esperan que esté lista para que se pueda aplicar en los últimos meses del año, recoge, entre otras medidas, el decomiso del dinero que estos 'aparcacoches' ilegales consigan con el objetivo de «salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a transitar por el municipio sin ser molestados o perturbados contra su voluntad y garantizar la libre circulación de personas y la protección de menores», según el edil.

Además, la ordenanza municipal, que se espera que sea llevada a moción en el Pleno municipal de septiembre para ser aprobada, contempla una sanción económica si el gorrilla, tras ser avisado, continúa con su actividad; así como la posibilidad de remitir a la autoridad judicial por infracción de la ley, en este caso, por desobediencia.

Lo que más 'choca' es el poder requisar el dinero a estos aparcacoches, algo que desde Fesp-UGT no terminan de ver con buenos ojos: «Tampoco de esta forma se va a solucionar el problema, ya que serán los policías los que tengan que entrar en conflicto con los gorrillas». González apuntó que quizás estos 'aparcacoches' ilegales, si finalmente entra en funcionamiento la nueva ordenanza, echen a correr cuando vean a los agentes acercarse a ellos, «lo que podría suponer que se lleven por delante a alguna persona mientras emprenden la huida por las calles».

El caso de Cartagena varía, ya que en la ciudad portuaria sí existe desde hace años la ordenanza que prohíbe la mendicidad, por lo que los gorrillas, en caso de que sean localizados por los agentes, son identificados y sancionados. González, a pesar de la problemática, prefiere ser cauto, ya que asegura que en diversos sitios donde la gente aparca sin orden son los propios gorrillas los que han dirigido el tráfico sin ningún tipo de incidente.

El portavoz apunta que las distintas organizaciones sociales del municipio podrían ayudar a estas personas, en peligro de exclusión social, que se ven obligadas a actuar de gorrillas, de manera que su situación esté regulada y puedan ayudar a los vecinos que aparcan, así como para evitar la proliferación de las 'mafias' organizadas en los terrenos disponibles para aparcar. En la mayoría de casos los gorrillas de Cartagena están en los solares abiertos al tráfico del casco histórico.

Además, González, que es policía local en la ciudad portuaria, lamenta que la ordenanza que prohíbe la mendicidad es «contradictoria», porque diversas asociaciones sí pueden instalarse en las calles para pedir colaboración ciudadana a través de dinero; mientras que los gorrillas no pueden: la diferencia está en tener o no una autorización del consistorio cartagenero, por lo que es la Administración local la que tiene la última palabra para decidir quién puede o no pedir dinero.

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