La aplicación de un peaje en las autovías afectaría en la Región a los 320 kilómetros de la red estatal.

Serían de pago las autovías desde Cieza a Cartagena (A-30), desde Santomera a Puerto Lumbreras (A-7), desde el cruce de Blanca a Yecla (A-33), desde Puerto Lumbreras al límite con Granada (A-91) y desde Cartagena a San Pedro del Pinatar (AP-7).

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, reconocía este martes que el Gobierno no descarta la posibilidad de cobrar a los vehículos que utilicen la red del Estado cobrar a los vehículos que utilicen la red del Estado para evitar las diferencias entre las zonas dotadas de autovías gratuitas y las que tienen autopistas de pago. En unas declaraciones a Telecinco José Luis Ábalos recordaba ayer que en la legislatura pasada el PSOE planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la red de carreteras de alta capacidad que no llegó a constituirse. Su objetivo era abordar «desde un punto de vista serio y riguroso» cómo financia España la red de alta capacidad, concretamente las autopistas y autovías gratuitas para el usuario, que tienen un coste para el erario público de 1.100 millones de euros en conservación.

«Es la única infraestructura en materia de transportes en la que el usuario no abona nada, salvo las que tienen una concesión. En el resto todas están sometidas a un pago por uso. Es una reflexión, y también cómo se puede derivar a la política social el uso de estos instrumentos. Pero es un debate que ni siquiera se ha iniciado», apuntó el ministro.

Por otra parte, en declaraciones a El País , Ábalos aseguraba que hay que abordar de manera urgente este debate teniendo en cuenta dos principios: el que contamina paga y el pago por uso. Además, afirma que no puede haber territorios en las que estas infraestructuras son de pago y otros en los que no lo son, refiriéndose a las diferencias que marca la existencia de autopistas de pago y de autovías gratuitas. «Es uno de los retos del nuevo Gobierno. Mi idea es que hay que aplicar esos dos principios», confirmaba Ábalos.

Por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, explicó que desde hace unos meses y a raíz de distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados, donde se planteó incluso la creación de un grupo de trabajo, se está trabajando en fórmulas para lograr la mejor conservación de las autopistas y autovías.

Montero afirmó que «ya ha caducado un modelo obsoleto» y consideró fundamental una política adecuada de conservación de carreteras, fundamentalmente para evitar muertes humanas. «Se están haciendo estudios con cuestiones que se llevan a cabo en otros países como Portugal, Francia o Italia», añadió. Aunque Montero quiso dejar claro que el Ministerio de Fomento se encuentra en una fase de estudio «sin propuestas que concretar o avanzar», insistió en la necesidad de eliminar cualquier sistema «injusto que no permita la igualdad con otros territorios».