15 de agosto de 2019
15.08.2019
Castilla-La Mancha

El apoyo de Madrid reaviva los intentos de poner fecha de caducidad al Acueducto

El PP manchego se desmarca de la iniciativa parlamentaria firmada por Teodoro García e Isabel Borrego

14.08.2019 | 22:26

Castilla-La Mancha aprovechan el respaldo que están encontrando en el Ministerio de Medio Ambiente para reavivar los intentos de poner 'fecha caducidad' al Trasvase, que hace años tratron de recoger incluso en el Estatuto de Autonomía. El PSOE manchego aboga por sustituir los caudales del Tajo que llegan a Levante por el agua de las desaladoras, mientras que Ciudadanos sostiene que estas infraestructuras «posibilitan que el trasvase sea del pasado», aunque no han desarrollado «todo su potencial». Por su parte, el PP manchego se ha desmarcado de la proposición no de ley firmada por los diputados por Murcia Teodoro García e Isabel Borrego, entre otros parlamentario, para frenar la incorporación de los municipios ribereños a la Comisión de Explotación del Tajo. Los populares manchegos son partidarios de que «las decisiones que se adopten en materia de agua tengan carácter técnico» y sean tomadas de la mano de los expertos. Sin embargo, defienden que «todos los colectivos, incluidos los municipios ribereños, deberían estar representados» en la Comisión de Explotación del Tajo.

La propia ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que la pasada semana escenificaba en Toledo su respaldo al presidente manchego, Emiliano García-Page, reconocía que hoy por hoy hay tres millones de personas que dependen del Acueducto Tajo-Segura, dando a entender que deberán mantenerse los desembalses, porque son necesarios.

En Murcia, el secretario de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular de la Región, Jesús Cano, ha acusado al PSOE de «imponer el cierre del Trasvase Tajo-Segura con la revisión de la Ley del Memorándum» anunciada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Jesús Cano critica que Morán está utilizando «la manipulación y la desinformación para abrir la puerta a cambiar una ley fruto del consenso que ha servido para regular los envíos de agua entre cinco comunidades».

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