04 de agosto de 2019
04.08.2019
Banca

El juzgado de cláusulas suelo acumula más de 6.625 denuncias sin resolver

El número de causas pendientes no deja de crecer en la Región a pesar de los últimos refuerzos de personal

04.08.2019 | 04:00
Asuntos pendientes en los juzgados de cláusulas suelo

Abogados especializados en estos casos señalan a las entidades bancarias como culpables de que el proceso judicial se demore tanto

Hace tres años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las cláusulas suelo que muchos bancos aplicaban a sus clientes en los préstamos hipotecarios eran abusivas, así que abría la puerta a que los afectados reclamaran la devolución del dinero cobrado de más en aplicación de dichas cláusulas. Debido a esta sentencia, se produjo una avalancha de demandas de clientes afectados por las cláusulas suelo y que derivaron en la creación de juzgados especializados por provincias, con los que se esperaba hacer frente a la gran cantidad de denuncias acumuladas en los juzgados ordinarios.

A día de hoy, el resultado no ha sido el esperado. Lejos de conseguir aligerar la gran cantidad de peticiones de los clientes, el número de reclamaciones pendientes no deja de crecer en toda la Región, provocando que los recursos humanos y técnicos sean insuficientes y que los tribunales murcianos especializados en la cláusula suelo estén totalmente colapsados.

Las últimas estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial indican que, en el primer trimestre de 2019, hay unas 6.625 denuncias en trámite en toda la Región. Asimismo, desde que se abrieron estos juzgados especializados en 2017, sólo se han cerrado 3.595 demandas de un total de 10.167 presentadas.

Alicia Sánchez, abogada especialista en cláusula suelo de Murcia, manifiesta que es evidente que los juzgados no son capaces de absorber la gran cantidad de peticiones que llegan mensualmente. ''Esta semana he estado gestionando demandas que se presentaron hace dos meses, y que han sido señaladas para tramitar entre los años 2021 y 2022'', lamenta.

La idea del Ministerio de Justicia de crear una vía extrajudicial de acuerdo, concentrando en un juzgado especializado todas las denuncias de cláusulas abusivas, ha sido claramente insuficiente. Los estamentos judiciales esperaban que el atasco inicial empezara a revertir, sobre todo a medida que el flujo de entrada de nuevos casos comenzara a aminorar. El problema es que este descenso de demandas, aunque notable, no ha sido tan pronunciado como se preveía e, incluso, ha repuntado en los primeros meses de este año, cuando ingresaron 1.489 nuevas causas.

Asimismo, estos últimos meses, el Juzgado de Primera Instancia 11 que se encarga de la resolución de cláusulas abusivas de toda la Región de Murcia, ha sido reforzado con la apertura de otro tribunal, designado el Juzgado 16, pero la situación no ha mejorado.

Por tanto, ahora mismo hay en Murcia solo dos jueces encargados de gestionar todas las peticiones. De todos modos, la especialista declara que ''no creo que sea una cuestión de número de juzgados, sino más bien de aumentar el personal y mejorar los medios utilizados''. Pues como explica, los procesos judiciales acostumbran a ser lentos y no todo depende de la resolución del juez. ''Primero hay que tramitar los expedientes, las citaciones, los traslados€ hay que tener en cuenta que dependemos de la rapidez con la que vayan los trámites previos pero también posteriores a la decisión del juez''.

Por otro lado, tanto el juzgado que está en marcha desde el principio, como el que empezó a funcionar en abril, tienen su sede en Murcia. ''Esto supone un problema para afectados de localidades lejanas que deben desplazarse'', manifiesta Sánchez.

Los bancos no colaboran

No obstante, añade, si se busca el origen del problema, todo señala a las entidades bancarias. Aunque en los primeros meses del 2019 se ha percibido una tendencia positiva respecto a que cada vez los bancos y los clientes llegan a más acuerdos, estas entidades siguen sin mostrarse colaborativas.

Antonio García, miembro diputado tercero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, declara que se preveía una mayor cooperación de los bancos. ''Si desde un primer momento estas entidades se hubieran mostrado proactivas, la mayoría de estos conflictos no se hubieran producido, esto solo ha provocado que la mayoría de los clientes hayan perdido la confianza en esos bancos''. Además, destaca que otra cuestión que está generando bastante disputas es el ''llegar a un acuerdo que determine qué cuantía es la que se debe devolver, ya que pueden entrar muchos factores y las entidades suelen 'jugar' con ellos para seguir retrasando el proceso''.

El abogado concluye con que los bancos han preferido aprovechar la lentitud de la justicia. ''Van afrontando las reclamaciones una a una y esperan a que pase el tiempo y así,quizás, hasta se le vaya reduciendo la cuantía a devolver''. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos juzgados no solo llevan casos de cláusulas suelo y tratan otras resoluciones que el Tribunal Supremo y de la Justicia europea declararon abusivas y que eran habituales en el mercado hipotecario español.

Así, aunque la avalancha inicial se produjo por las denominadas cláusulas suelo, pronto fueron más numerosas las relativas a los gastos iniciales de los créditos, a las que se han sumado los problemas de las hipotecas multidivisa e, incluso, las denuncias por considerar abusivos los intereses de demora. ''Cada uno de estos abusos bancarios tiene una forma diferente de gestionarse y algunos tardan más que otros'', señala García. Además, la jurisprudencia cambia constantemente los criterios para juzgar las demandas, por lo que ''los procedimientos van a seguir dilatándose''.


Otro indicaador, IRPH en disputa

La siguiente oleada podría llegar de aquellos hipotecados que tienen sus préstamos referenciados al IRPH, un indicador alternativo al euribor que utilizaban sobre todo las cajas de ahorros y que, en la práctica, acabó funcionando como las cláusulas suelo, ya que se mantuvieron en un nivel muy superior al anterior. Ahora el Tribunal de Justicia de la UE debe decidir sobre la legalidad de este indicador y la transparencia de su método de cálculo. Si lo declara ilegal, se espera una nueva avalancha de demandas, especialmente si permite reclamar las cantidades pagadas de más de forma retroactiva, lo que también pondría en apuros a algunos bancos.

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