19 de julio de 2019
19.07.2019
Medio Ambiente

El Supremo dice que no hubo prevaricación en el caso La Zerrichera

Absuelve de este delito a los tres condenados por la Audiencia Provincial de Murcia

19.07.2019 | 13:08
Un momento de la lectura de la sentencia en la Audiencia Provincial

La sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por prevaricación en el caso La Zerrichera que la Audiencia Provincial había dictado contra los exdirectores generales de la Comunidad Autónoma  Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, y el exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, Juan Antonio Sánchez Gelabert.

Se juzgaba la recalificación de los terrenos de este espacio con varias figuras de protección ambiental del municipio de Águilas con fines urbanísticos: la construcción de un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf en la fincade la Sierra de Almenara.

En una reciente sentencia, el Supremo argumenta que no se puede considerar el estudio de evaluación de impacto ambiental -por el que fueron condenados- como algo objeto de prevaricación (un delito por el que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley).

Sin embargo, la sentencia de la sala 2ª de lo Penal mantiene la sentencia condenatoria de la Audiencia contra Alvarado y Sánchez Gelabert por falsedad documental.

La Audiencia Provincial de Murcia condenó a estos tres funcionarios a finales de diciembre de 2017, y para determinar las penas entendía que concurrían en todos los casos la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En la parte dispositiva de la resolución se recogía la condena a Encarnación Muñoz como autora de un delito de prevaricación, a la pena de 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A Juan Ignacio Sánchez Gelabert se le consideraba como autor de un delito de prevaricación y se le condena a la pena de seis años de inhabilitación especial; y a 2 años de prisión, multa de 1.350 euros, e inhabilitación especial para el cargo o empleo público durante 1 año y 3 meses, como autor de un delito de falsedad.

Igualmente se condenaba a Antonio Alvarado a 7 años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación y a 2 años de prisión, multa de 1.350 euros, e inhabilitación especial para el cargo o empleo público durante 1 año y 3 meses, como autor de un delito de falsedad en documento oficial.

La sentencia no era firme, y contra ella se podía presentar un recurso de casación ante el Supremo, cuya sentencia se acaba de dictaminar. Contra la misma cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Audiencia absolvió a los altos cargos de la dirección general de Vivienda y Urbanismo, José María Ródenas Cañada y a Manuel Alfonso Guerrero de la denuncia.

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