17 de julio de 2019
17.07.2019
La Opinión de Murcia
Quejas

Los jueces y fiscales ven "casi imposible" instruir un proceso judicial en 6 meses

Piden que se derogue o modifique el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a medio año el plazo de tramitación de las causas

16.07.2019 | 21:30
Los jueces y fiscales ven "casi imposible" instruir un proceso judicial en 6 meses

Las secciones territoriales de las asociaciones de jueces y fiscales en la Región de Murcia pidieron ayer al poder legislativo que se derogue o modifique el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses, ampliables a dieciocho, el plazo de instrucción de las causas para evitar así que se produzcan lo que califican de «graves espacios de impunidad, inadmisibles en un Estado de Derecho».

En el escrito criticaron que «resulta casi imposible» que una causa judicial no tramitada por los cauces del Juicio Rápido (sólo posible para un número muy limitado de hechos delictivos) se instruya en sólo seis meses dado el volumen anual de asuntos de los que conoce un Juzgado de Instrucción, y teniendo en cuenta que el juez debe de estar presente en cada una de las diligencias que se practican.

En un escrito hecho público este martes, las asociaciones que agrupan a jueces y magistrados y fiscales señalaron lo ocurrido con varios casos de corrupción registrados en Murcia que no han podido ser investigados en su totalidad debido a que ese plazo era previsible.

Para los firmantes del documento, esa situación era previsible desde que se aprobó esa reforma que entró en vigor en 2015, ya que la misma «no fue acompañada de los medios humanos y materiales que los juzgados y la fiscalía precisaban para su correcta aplicación».

Asimismo señalaron que fue una «ligereza» del legislador poder fijar unos plazos tan limitados para las investigaciones sin conocer la situación real de los juzgados y de las fiscalías, que no pueden desarrollar con normalidad la elevada carga de trabajo que recae sobre los mismos. Por todo ello, piden al poder legislativo que derogue el polémico artículo 324 de la ley o que, por lo menos, lo modifique mientras no se dote a juzgados y fiscalías de los sistemas técnicos y plantillas que son necesarios.

Desde el comunicado aseguran que no se llega a entender que a día de hoy el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «viera la luz sin un incremento muy relevante de las plantillas de jueces y fiscales, en un país con una ratio de número de habitantes por juez de las más altas de todos los países del entorno del Consejo de Europa, y siendo la Región de Murcia uno de los territorios españoles en los que el número de jueces y fiscales es más bajo proporcionalmente».

«Un verdadero Estado de Derecho precisa de una Justicia con mayúsculas, ágil, sí, pero sobre todo justa, y para ello debe de contar con los medios necesarios para tal fin», aseguraban en el escrito hecho público durante el día de ayer.

El comunicado fue emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, junto con la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales.

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