16 de julio de 2019
16.07.2019
Poder Judicial

El TSJMU pide ''alertas automáticas'' para el control de los plazos en la instrucción

Las asociaciones judiciales y fiscales señalan que es ''casi imposible'' instruir una causa judicial en tan solo seis meses

16.07.2019 | 13:14

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que valore dirigirse al Ministerio de Justicia para que se habiliten en el sistema de gestión procesal Minerva avisos o alarmas automatizados que permitan un adecuado control de los plazos máximos de instrucción (tanto inicial como prorrogados).

Así lo ha hecho saber la Sala de Gobierno tras constatar que, tal como ya advirtió en 2015 el CGPJ en su informe al Anteproyecto de reforma, a pesar de la valoración positiva del objetivo perseguido por la Ley Orgánica 41/2015, de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), de reducir la duración de la fase de instrucción de las causas penales mediante la fijación de plazos máximos, la concreta forma en que se ha regulado esta materia en el artículo 324 "produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal".

Así se recoge en el acuerdo adoptado en la última sesión de la Sala de Gobierno del TSJMU, en relación al expediente gubernativo incoado después de que el órgano de gobierno tuviera conocimiento de diversas incidencias en el control y cumplimiento de los plazos máximos de instrucción. En dicho texto, la Sala de Gobierno adopta una serie de medidas con el fin de aminorar futuras disfunciones que pudieran producirse en este ámbito, aunque considera que, con carácter general, "no es posible individualizar una sola causa determinante de las disfunciones detectadas".

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces en la Región ha acordado reiterar la necesidad de creación de nuevas unidades judiciales para equiparar a la Región de Murcia con la media nacional, lo que exigiría la creación de 28 nuevas unidades judiciales. Asimismo, ha pedido al secretario de Gobierno que valore la remisión a la Secretaría General del Ministerio de una propuesta de revisión de los Manuales de Tramitación del Expediente Judicial Electrónico; así como analizar con la Fiscalía Superior cauces adicionales de remisión de las peticiones que la misma formule

La Sala de Gobierno, tras valorar los datos recopilados en las visitas de información realizadas a distintos órganos, así como los proporcionados por el Secretario de Gobierno (del informe sobre aplicaciones informáticas, y de la información facilitada por los letrados de la Administración de Justicia), aprecia la existencia de un "problema sistémico" para el adecuado cumplimiento de los plazos máximos de instrucción.

En este problema inciden diversos condicionantes derivados tanto del reparto de competencias en la instrucción penal, como del concreto modelo de plazos implantado, como también de los tiempos de fijación de doctrina jurisprudencial, "sin olvidar los déficits de medios materiales y humanos en nuestros órganos judiciales y fiscalías". Numerosos condicionantes, de los que el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno recoge, por ejemplo, que se limitan las clases de asuntos susceptibles de ser declarados complejos y, por tanto, de prorrogar el plazo, a "solo aquéllos que reúnen determinados y muy exigentes requisitos", con lo que la gran mayoría (un 98,50% de los 80.715 asuntos registrados en los juzgados de instrucción de la Región en 2018) deben ser instruidos en el plazo de seis meses, sin posibilidad de prórroga.

Comunicado de las asociaciones judiciales y fiscales


Por otra parte, las asociaciones judiciales y fiscales han respondido a través de un comunicado que, dado el volumen anual de asuntos de los que conoce un Juzgado de Instrucción, y teniendo en cuenta que el juez debe de estar presente en cada una de las diligencias que se practican, resulta casi imposible que una causa judicial no tramitada por los cauces del Juicio Rápido (sólo posible para un número muy limitado de hechos delictivos) se instruya en sólo seis meses.

Asimismo, destacan que no es entendible a día de hoy que este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal viera la luz sin un incremento muy relevante de las plantillas de jueces y fiscales. Por lo que las asociaciones profesionales han instado al poder legislativo a que derogue, o cuanto menos reforme, la actual redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras no se dote de sistemas técnicos y de plantillas adecuadas de jueces y fiscales.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook