06 de julio de 2019
06.07.2019
La Opinión de Murcia
Laboral

Decenas de miles de interinos de la Región pueden batallar en los juzgados para convertirse en fijos

"Ya es hora de que reclaméis vuestros derechos tras años de abusos", les dice el abogado Arauz en una asamblea organizada por el SIME, que calcula que en la Comunidad hay unos 24.000 afectados

06.07.2019 | 04:00
El Moneo se quedó pequeño para escuchar al letrado.

La justicia europea dirá si los temporales públicos se quedan sus plazas sin volver a opositar

«Tenéis que salir de la cueva. Tenéis derechos y una oportunidad única en vuestra vida», decía el abogado Javier Arauz a las decenas de interinos que abarrotaban el Moneo de Murcia, para asistir a la asamblea informativa que había convocado el Sindicato de Empleados Públicos SIME.

Micrófono en mano y debajo de una pantalla en la que se proyectaba su currículum, el letrado habló a los afectados de que podrían hacerlos fijos sin necesidad de pasar por ningún examen más. Eso sí, a la espera de que Europa legisle al respecto. El Moneo se quedó pequeño, de tantos interesados que había, y algunos de los presentes se vieron obligados a sentarse en el suelo.

Arauz es un abogado del Estado en excedencia que se ha especializado en este tema de los interinos, y que dirige un despacho que lleva miles de demandas de afectados de toda España. Las charlas como la de este viernes en Murcia sirven para dar con potenciales clientes. Y es que, según cálculos del SIME, en la Región habría unas 24.000 personas afectadas. Solo en el Consistorio capitalino, alrededor de 1.100. En toda España, unas 800.000.

Los interinos son quienes hicieron un examen de oposiciones en su día, pero no consiguieron plaza, y entonces entraron en una bolsa de empleo de la que la Administración va tirando para cubrir puestos. Trabajan, pero no son fijos.

«Ya es hora de que os mováis y reclaméis vuestros derechos tras años de abusos», subrayó el abogado, que les invitó a iniciar una batalla legal para mantener sus puestos directamente sin otro concurso-oposición.

Arauz tiene claro que, al no haber en España medida alguna para sancionar los abusos en la contratación temporal sucesiva –que prohíbe la Directiva comunitaria 1999/70 sobre trabajo de duración determinada– «no cabe más opción que transformar al funcionario interino y al personal laboral temporal en un empleado público fijo».

No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después del tirón de orejas que Bruselas daba a España precisamente por abusar de la temporalidad en las administraciones públicas.

Allá por mayo de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a los Estados miembros a que cumpliesen una directiva que data de 1999 que aludía a «la fijeza del trabajador como efecto sancionador» por abusar de la contratación temporal sucesiva.

Arauz cree que en otoño llegará la sentencia. «Más de octubre no puede dilatarse la Unión Europea», estimó.

Además, «el estar en precariedad en el empleo produce angustia, y eso es daño moral», destacó, a lo que añadió que en los tribunales los afectados podrían pedir una indemnización económica de 18.000 euros por ese daño moral. «Si no trabajas, nadie cotiza por ti. Y, cuando te jubiles, vas a cobrar 900 de pensión. Y eso es muy grave. Estamos pidiendo también esa indemnización», aseveró. A su juicio, «es importante que las administraciones se den cuenta de que la indemnización no es la solución. Que la solución es la fijeza», apuntó.

«Mi criterio siempre ha sido el de la solidaridad. Yo meto una demanda con gente que lleva muchos años interina con los que llevan menos. Para que el que lleva más tire del que lleva menos. Sé que el juez no va a ser capaz de echar para atrás la demanda del que lleva menos tiempo. Con esa manera podemos ayudar a gente que lleva menos tiempo», explicó el abogado al respetable.

«La Administración debería reconoceros el derecho a la fijeza. Si la sentencia europea dice que tenéis derecho a la fijeza y lo que hace la Administración es continuar con el proceso selectivo, habilitar mecanismos para evitarlo es prevaricación. Y mi recomendación como abogado sería presentar una querella», insistió.

Asimismo, resaltó que «este problema es español. Esto se ha solucionado en Portugal, en Italia, esto es un problema solamente de España. A este nivel estamos».

Pedro López, del SIME, señaló que al principio su sindicato pensó que lo mejor era negociar, pero que «el conocimiento de esta situación nueva nos hizo cambiar de opinión. Nuestra finalidad antes era proteger al máximo vuestra posibilidad de permanecer en la Administración. Ahora creemos que todo el que tenga opción de reclamar debe reclamar».

En la asamblea, en la que también participaron interinos de otros ayuntamientos de la Región, como Cartagena y San Javier, cada persona intentó contar al abogado su caso concreto. Una chica preguntó cuál era el paso para poner las reclamaciones. Arauz dijo que «no tomamos vacaciones, hay unas cien personas que se suman al día» a la demanda colectiva. Señaló que en su despacho tardan «cinco o seis días» en unir cada caso a esa reclamación, y que la idea es presentarla en el presente mes de julio.

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