Un hombre contra el que se dictó orden de ingreso en prisión por no pagar la indemnización a la que había sido condenado alegó en el recurso que presentó para evitarlo que tenía miedo a contraer enfermedades en la cárcel y que los presos suponen una carga para el erario público.
Así se recoge en un auto de la Audiencia Provincial de Murcia, que confirma el dictado por un juzgado de lo penal de esta ciudad y que revocó la suspensión de la condena al comprobar que no había cumplido con su obligación de satisfacer la responsabilidad civil.
El afectado alegó en la apelación igualmente que el preso deja de ser productivo para la sociedad, al convertirse en una carga para la misma, además de recordar la filosofía del penalista italiano Carrara, que comentaba, afirmó el recurrente, que las cárceles son escuelas del crimen.
La sala de la Audiencia, que tiene como ponente al magistrado Álvaro Castaño-Penalva, señala que toda esa argumentación decae ante el dato objetivo de que cuando fue dictada la sentencia condenatoria, en junio de 2017, se comprometió a pagar la indemnización fijada en la misma, "cabiendo presumir, lógicamente, que si aceptó el aplazamiento es porque contaba con expectativas serias de cumplirlo".
Y añade que de mantenerse el disfrute que le fue concedido no se evitaría el riesgo de reincidencia, "consecuencia de la impresión de impunidad que puede quedarle al condenado, que habría podido eludir el grueso de sus responsabilidades civiles y reducir a la mínima expresión las penales derivadas del ilícito sentenciado".
