La noche del 5 de enero de 2018 la tienen grabada en la memoria los propietarios de la empresa de manipulado de cítricos Kimey de la pedanía murciana de Alquerías, quienes durante varias horas vieron arder por completo las instalaciones que han venido funcionando en esta zona desde la década de los 60 y que han dado trabajo a miles de familias. Ese día su futuro cambió, ya que sin ellos saberlo el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) había cambiado y dejó fuera de ordenación la nave al no coincidir con el nuevo planeamiento desarrollado por Urbanismo, lo que les permitía seguir trabajando allí mientras que la nave siguiera en pie, pero no volver a construirla o reformarla si sufría algún daño. Una situación que lamentablemente se dio aquella noche al quedar reducida a cenizas.

La encargada de Kimey, Pilar Belando, hija del gerente y propietario, José Federico Belando, explica que tras el suceso se determinó que el incendio había sido intencionado, aunque nunca se localizó a su autor. Los dueños comenzaron los trámites para poder volver a construir estas instalaciones cuando, sin esperarlo, se encontraron en Urbanismo con el cambio del PGOU que les impedía poner en marcha de nuevo su negocio, una empresa con más de 50 años de historia que siempre ha contado con licencia de apertura y licencia de actividad y que en esos momentos daba trabajo a más de un centenar de personas. «La única solución que nos daban era que buscáramos otro terreno y les presentáramos un nuevo proyecto», recuerda Pilar Belando. Sin embargo, en ese momento se encontraban en plena campaña, con una importante inversión en limones comprados en el campo, contratos para la distribución con sus clientes y trabajo por hacer, así que optaron por alquilar una nave para poder seguir trabajando en la pedanía de Los Ramos mientras que se resolvían los trámites con la Administración.

Un año y medio después de aquel incendio la situación no ha cambiado, ya que los propietarios de Kimey siguen esperando una respuesta que no llega mientras cuentan los días que quedan para acabar el mes, ya que el 31 de julio acaba el contrato de alquiler de la nave en la que están trabajando y no hay opción de renovar.

La encargada de la empresa afirma que «el 5 de enero de 2018 empezó una pesadilla que un año y medio después no ha acabado. Nosotros sólo queremos trabajar, no es un capricho, pero tenemos un centenar de trabajadores que dependen de nosotros».

Petición de interés público

Desde el Ayuntamiento el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, explica que esta nave de Alquerías está sujeta a un procedimiento excepcional del suelo por interés público, con informe favorable del Ayuntamiento, un expediente que en estos momentos se encuentra pendiente de resolver por la Comunidad Autónoma y es la Administración regional la que debe resolverlo.

Navarro Corchón recuerda que el PGOU en vigor dejó fuera de ordenación la nave por ser disconforme con el nuevo planeamiento y «cuando esto sucede se permite la permanencia de la construcción mientras se mantenga en pie pero si por cualquier causa se derriba no está permitida su reconstrucción en el mismo emplazamiento», de ahí que sea la Comunidad la que deba autorizar el interés público del proyecto para justificar que se vuelve a levantar.