Han reconocido que recibieron créditos irregulares de la CAM y que defraudaron a Hacienda en seis ejercicios fiscales, tres de ellos con la consideración de delito, pero los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó no pisarán la cárcel por estos hechos más allá de los días que estuvieron presos en diciembre de 2013, tras declarar ante el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez en el curso de la investigación que por los negocios que la caja financió en el Caribe a través de la mercantil Valfensal se instruía en la Audiencia Nacional.

Un proceso que hoy llega a juicio con la tranquilidad para los dos hoteleros de que gracias a los 27 millones que han pagado tras el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria, el Fondo de Garantía de Depósitos y la Abogacía del Estado sólo serán condenados a dos años de prisión, y que en ningún caso cumplirán esa pena.

El acuerdo sobre los delitos fiscales, que completa el formalizado en cuanto a la administración desleal , le ha supuesto a Ferri y a Baldo otro desembolso de más de 14 millones. Una cantidad con la que, después de meses de duras negociaciones entre los abogados de los empresarios, Anticorrupción y Hacienda, han hecho frente a lo defraudado durante los ejercicios 2009, 2010 y 2013 (considerados delictivos en los tres casos) así como a las multas y a las sanciones administrativas por otros tres ejercicios fiscales en los que la cantidad que se dejó de tributar se ha considerado que no alcanzaba la categoría del delito.

Fuentes cercanas a los empresarios confirmaron que se había realizado el ingreso de los 14,1 millones, condición indispensable para rubricar la conformidad por la que ambos asumen el relato de los hechos de la acusación pública a cambio de una rebaja en la petición de pena: de los 22 años que se reclamaban inicialmente (tres años por cada uno de los seis delitos fiscales y otros cuatro por la administración desleal) a los dos actuales (seis meses por cada uno de los tres delitos fiscales y seis más por la administración desleal). Para ello se ha tenido en cuenta la confesión y la reparación del daño.

España y Curaçao

España y CuraçaoLa acusación pública sostiene que la actividad empresarial de Vafensal (la sociedad que montaron Ferri y Baldó con la CAM para los negocios del Caribe) se realizaba en realidad desde las oficinas que el grupo tiene en Benidorm y en Mallorca y no, como habían venido afirmando los acusados, desde Curaçao, territorio calificado de baja tributación.

Anticorrupción considera acreditado que «la dirección y control del conjunto de las actividades de la sociedad Jacksonport», propiedad de Valfensal a través de otra sociedad interpuesta con la que sobre el papel se gestionaban los negocios, «se realizaba de forma deliberada desde España por la dirección de Valfensal pudiéndose afirmar su carácter instrumental».

Sobre la administración desleal, la acusación pública sostiene que los exdirectivos de la CAM y también acusados Roberto López Abad y Daniel Gil utilizaron Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada de la CAM con la que se asociaron con Ferri y Baldó, para conceder préstamos a Valfensal «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la caja para ello», y que «en circunstancias normales no se hubieran otorgado, beneficiando a los empresarios».

La fiscal mantiene que «los cuatro acusados decidían las operaciones que iba a efectuar Valfensal y los préstamos que debían ser autorizados», unas actuaciones que venían «avaladas» por los exdirectivos de la caja encausados «que daban el visto bueno sin analizarlas en profundidad y no cumplimentando los requisitos exigibles». Todo ello lo han asumido los empresarios mientras está por ver lo que harán López Abad y Gil antes del lunes.