Más de 1.600 pacientes se quedaron hace un año 'colgados' con tratamientos bucodentales sin terminar y pagando la financiación que habían pedido para hacer frente a ellos. El cierre repentino de la clínica que la cadena iDental tenía en la pedanía murciana de Cobatillas supuso un duro golpe para muchos ciudadanos el pasado 13 de junio de 2018, cuando se encontraron las puertas cerradas a cal y canto sin saber quién iba a responder por ello.

La situación podía parecer inesperada, pero no fue así, ya que desde el Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia se venía avisando desde hacía años de las prácticas «fraudulentas» de esta compañía y de las supuestas «estafas y engaños» de las que eran objeto sus clientes, con campañas publicitarias titánicas en las que hacían uso de caras conocidas para llamar la atención de la población y ofertando grandes descuentos gracias a una fundación cuya existencia y legalidad se ha puesto en duda.

La cara más visible de la lucha contra las prácticas de grandes cadenas como iDental fue Óscar Castro, expresidente del Colegio de Odontólogos de Murcia y presidente del Consejo General de Dentistas, quien no escatimó esfuerzos en denunciar esta situación ante las autoridades, denuncias que en muchos casos cayeron en saco roto.

El primer escrito que el Colegio de Odontólogos de Murcia presentó a la Consejería de Sanidad y Política Social está fechado en julio de 2015, y en él Castro se interesaba por si esta nueva clínica con más de 3.000 metros cuadrados en Cobatillas contaba con la debida autorización y estaba inscrita en el RES (Registro de Entidades Sanitarias). En él también indicaba que la oferta comercial era «engañosa y confusa» y contraria a los principios que regula la publicidad de servicios sanitarios. En esos días, el letrado del Colegio también se dirigió al Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana para conocer si les constaba la presencia de iDental Fundación Hospitalaria, a lo que la Consejería de Justicia valenciana respondió de forma negativa. Un mes después, en agosto de 2015, Castro se volvía a interesar por si las instalaciones de Murcia contaban con todas la autorizaciones para su funcionamiento.

Fue entonces cuando la Consejería de Sanidad decidió llevar a cabo una inspección del centro en septiembre de 2015 para conocer si cumplía los trámites reglamentarios para su actividad, iniciándose un expediente sancionador al constatarse que no era así.

Desde la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano aseguran que una vez autorizada dicha clínica «no tenemos constancia de denuncias e irregularidades hasta el año 2017», cuando desde el Colegio Oficial se comunicó la existencia de irregularidades y se remitieron a la Consejería 12 reclamaciones de pacientes. Sin embargo, LA OPINIÓN ha tenido acceso a los escritos remitidos a este mismo departamento de la Consejería murciana el 8 y el 23 de junio de 2016 , avisando de casos de «precios inflados» y «prácticas fraudulentas». En marzo de 2017 la institución colegial volvió a ponerse en contacto con esta dirección general hablando ya de «negligencias profesionales» y avisando de que a las ocho quejas recibidas por pacientes de iDental en 2016 se sumaban diez más en los tres primeros meses de 2017. Unos documentos que ponen en evidencia que los odontólogos no dejaron de denunciar las prácticas de iDental en Murcia.

El Colegio fue un paso más allá y llegó a abrir en los primeros meses de 2017 un expediente contra el colegiado J. F. S. C. en su condición de director sanitario de iDental «ante un número importante de quejas por actuaciones que podrían constituir actos de mala praxis odontológica». Tras la presentación de alegaciones y recursos, J. F. S. C. fue sancionado con tres meses de suspensión y una multa que fue rebajada por los juzgados a diez cuotas colegiales (280 euros).

Un año después, en junio de 2018, cientos de personas se concentraron frente a la clínica de Cobatillas al conocer que los responsables habían cerrado sin previo aviso. En ese momento comenzó un peregrinaje por instituciones y organizaciones de consumidores para intentar informarse de sus derechos y los pasos a dar para ante un caso evidente de fraude, ya que iDental había cobrado los tratamientos sin llegar a terminarlos.

La Consejería pidió la custodia del material y gracias a una autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia pudo entrar el 13 de julio a la clínica, de donde se llevó más de 21.600 historias clínicas en soporte físico, así como moldes de dentaduras y prótesis que había en los laboratorios. Esa información se encuentra custodiada en la propia Consejería y ya han sido más de 1.600 afectados los que han solicitado sus historias, informes que les ayudarán a poder retomar sus tratamientos, ahora sí, en manos de profesionales cualificados, mientras que el caso se resuelve en la Audiencia Nacional.