29 de junio de 2019
29.06.2019
La Opinión de Murcia
Social

Los vecinos de Santa Cruz quieren llevar a la Fiscalía el centro de menores extranjeros

Afirman que está sin acabar y que el único módulo construido carece de licencia de apertura y de cédula de habitabilidad

28.06.2019 | 23:32
Instalaciones del centro de menores extranjeros de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Creen que el contrato se licitó en agosto para favorecer a la adjudicataria.

El nuevo centro de menores extranjeros no acompañados (conocidos como 'menas') que ha empezado a funcionar en la pedanía murciana de Santa Cruz va camino de acabar en los tribunales. La plataforma de vecinos creada tras la puesta en marcha de las instalaciones en las que está previsto alojar a 72 jóvenes de hasta 17 años denuncia que en la apertura se han producido irregularidades, dado que el establecimiento está sin acabar y no dispone de licencia de actividad ni de cédula de habitabilidad, por lo que tampoco puede contratar servicios como la luz. Los vecinos quieren llevar sus denuncias a la Fiscalía, al considerar que también el contrato suscrito por la Consejería de Familia con la Fundación Antonio Moreno (antes Arcos del Castillo), adjudicataria del servicio de atención a los menores, presenta lagunas de difícil justificación.

En primer lugar, sospechan que el pliego de condiciones está hecho «a medida» y critican que el concurso para la contratación del centro de menores, que es propiedad de la fundación, fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Unión Europea en pleno mes de agosto de 2017 para evitar que pudieran presentarse otras empresas.

De momento solo está construido un módulo de los tres que hay en proyecto para alojar a los adolescentes, en el que residen 24 jóvenes. Mientras tanto, se encuentran en obras las zonas comunes que compartirán todos los residentes en el recinto. La plataforma vecinal considera que estas obras entrañan un peligro adicional para los propios residentes y para los trabajadores. Para dejar constancia de la inseguridad que generan han requerido a la Policía Local para que inspeccione las instalaciones y dé cuenta de su estado, dado que no cuentan con los permisos que se exigiría a cualquier recinto de uso colectivo.

Critican, además, que el contrato se haya dividido en tres lotes correspondientes cada uno de ellos a un módulo con capacidad para acoger a 24 o 25 menores. Estos módulos han sido adjudicados en 2,2 millones cada uno para un periodo de tres años prorrogable por otros tres, lo que arroja un montante de casi 14 millones (17,5 con IVA) . Según se recoge en la documentación que han recopilado, el contrato establece que la Consejería estará obligada a pagar hasta el 96% de la asignación de 90 euros por residente, aunque no estén ocupadas todas las plazas disponibles.

La Consejería de Familia niega que exista tal obligación y sostiene que solo se paga por los residentes.

Los vecinos consideran que la Comunidad ha repartido el contrato para permitir que la Fundación Antonio Moreno pueda concentrar a cerca de 75 menores en un mismo centro, a pesar de que este tipo de alojamientos no suelen albergar a más de 25 adolescentes. Advierten de que reunir en un mismo recinto a tantos menores daría lugar, a su juicio, a «una masificación» que impediría al centro de acogimiento cumplir la función de inserción social de los menores y dificultaría su adaptación. Recuerdan que la Ley de la Infancia de 1995 prohíbe «la masificación» en el artículo 29.2.

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