«Algunas administraciones locales están viendo la posibilidad de privatizar servicios públicos sustituyendo agentes de policía local por agentes de seguridad privada». Así lo aseguran desde el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en la Región de Murcia. En opinión de esta asociación, «este hecho genera una inseguridad jurídica a los ciudadanos, ya que las órdenes e instrucciones de los policías locales se realizan como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y son de obligado cumplimiento por los ciudadanos, mientras que las instrucciones dadas por los agentes de seguridad privada no revisten tal obligatoriedad, dado que superan las competencias que tienen encomendadas al no ser agentes de la autoridad».

El sindicato destaca y valora la labor de los vigilantes privados, y les agradece su «colaboración», aunque subraya que «no deben asumir funciones que no sean de su competencia, como, por ejemplo, la regulación y ordenación del tráfico en las vías públicas».

«Desde este sindicato consideramos inaudito que se privatice lo público por parte de algunas administraciones», insisten desde la Ejecutiva Provincial del SPPLB en la Región de Murcia.

Preguntada por este asunto, la presidenta de la Asociación Regional de Empresas de Seguridad de Murcia (Aresmur), Encarna Ortiz Asensio, señaló que es «totalmente compatible» que trabajen policías y vigilantes. «Sabemos qué papel corresponde a quién», subrayó, al tiempo que remarcó que «nosotros velamos por la seguridad de organismos públicos y privados, eso no significa que vayamos a quitar el trabajo a la Policía Local».

Encarna Ortiz Asensio precisó que «es legal que un ayuntamiento ponga seguridad privada», ya que, consideró, «no pueden estar contratando policías para cubrir un evento que es puntual». Así, «es lógico que se eche mano de empresas de seguridad», aseveró, aunque dejó claro que «nunca podemos hacer las labores de la Policía». A su juicio, entre agentes y vigilantes «la colaboración es total». Dijo que trabajadores privados han ayudado «en muchas investigaciones», incluso de asesinato, y especificó que suelen llegar a los sitios antes que la Policía, por una cuestión de cercanía.

Esto pasó en Semana Santa. El Ayuntamiento de Beniel recurrió a seguridad privada que llegó a «cortar y regular el tráfico», denunciaron policías locales afectados, que llegaron a protestar en un Pleno. La alcaldesa dijo que lo hizo así porque los agentes «se negaban a hacer refuerzos». Sobre esta cuestión, la presidenta de Aresmur incidió en que «se pueden hacer labores de seguridad privada» en, por ejemplo, procesiones. Y se vio a vigilantes privados junto a una valla del Consistorio, el pasado mes de abril, cuando saltó esta polémica.