Andrés Carrillo: "Los jueces estamos al borde del ictus por la carga de trabajo"

En la huelga de togas de mayo de 2018, donde más de 200 juicios quedaban suspendidos, Carrillo ya tomaba la palabra para pedir, ante los medios de comunicación «que ellos (los políticos) se dediquen a la política y nosotros nos podamos dedicar a la Justicia». Ha pasado más de un año de aquello y siguen sin ver solucionadas sus demandas. «Tenemos un buen presidente del TSJ (Miguel Pasqual del Riquelme), pero no le hacen el suficiente caso cuando reclama medios para la Justicia en Murcia», apunta Carrillo, que recibe a LA OPINIÓN en su despacho de la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde suena música heavy.

Usted es ahora portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las que salieron a pedir más medios y mejores condiciones para los magistrados... ¿sin respuesta?

Hemos tenido mala suerte, porque todas las huelgas nos han pillado con cambios de Gobierno. Cuando las cosas estaban medio encauzadas, nos hemos quedado sin interlocutor. Y parece que ahora vamos a tener otro cambio.

¿Otro?

Eso dice la prensa, que Dolores Delgado (ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez) no va a repetir.

Sea como fuera, su asociación seguirá peleando, ahora con usted como cabeza visible...

Somos la segunda asociación judicial en España en afiliados, y la primera sin una ideología política identificable: no tenemos adscripción ni con la derecha ni con la izquierda. Somos una asociación sin ningún tipo de conexión con la política. Y aquí en Murcia mis compañeros me han elegido ahora a mí. Mi predecesor, Enrique (Domínguez, magistrado de la Audiencia), ha hecho una labor estupenda, él ya llevaba un tiempo y mis compañeros me han hecho el honor de escogerme. Y seguimos en las mismas condiciones: reclamando mucho y consiguiendo poco.

¿Qué piden, principalmente?

Reivindicamos no tanto por nosotros, como la gente podría pensar, sino por la propia sociedad. Necesitamos unas cargas de trabajo asumibles, incluso por nuestra propia salud personal. Lo que hay es inasumible. Muchos de nosotros trabajamos a un ritmo y con unas condiciones que nos hacen temer cualquier día un ictus o un infarto, fruto de la acumulación de estrés continuado por juzgar mucho más de lo que podemos, y muy rápido. Así no se puede enjuiciar, sin unas mínimas condiciones de sosiego, sin poder mirar los casos detalladamente... Cada asunto merece un estudio y una dedicación importante. Al final el trabajo se mete en nuestras vidas...

¿En qué sentido?

Muchísimos de nosotros no tenemos, en absoluto, la necesaria vida personal y familiar. Hay a quien le ha costado muy caro, a mí entre ellos. Y uno tiene esposa e hijos. Y derecho a leer un libro o a querer ir al cine, o a pasar siquiera un fin de semana sin trabajar. Y esto pasa porque no se crean el número suficiente de juzgados, ni por asomo, ni el número impresincible de plazas judiciales, lo que es muy importante. Somos uno de los países de Europa con un número de habitantes por juez mayor. Y vamos con una carga de trabajo que no se puede asumir. Muchos jueces estamos enfermando. Las asociaciones hemos tenido que demandar ante la Jurisdicción Social al Ministerio, al Consejo General del Poder Judicial y a las Comunidades Autónomas que tienen las competencias trasnferidas para que se fije la carga de trabajo que podemos asumir en condiciones de dsalud laboral, y ahora por fin va a existir una sentencia al respecto. Pero a las personas que están metidas en la llamada 'política judicial' parece que les da lo mismo.

¿Sigue entonces politizada la Justicia en España?

Nosotros estamos a favor de la despolitización en los nombramientos de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial y, a través del Consejo, de los altos cargos judiciales. Y en mi asociación todos reclamamos que el poder político deje de meter las manos en el Poder Judicial. Es cierto que determinadas asociaciones judiciales se presentan a la elección de Vocales del Consejo por parte del poder legislativo, y de ordinario miembros de dos de las mismas (las de conocida afinidad ideológica con tal o cual sensibilidad política) son elegidos por tal o cual partido político que piensa que esa persona les será afín. De los 20 vocales del Consejo, queremos que los 12 que son de procedencia judicial sean elegidos por sufragio universal de los jueces, asegurando así que se respetan los principios de mérito y capacidad: ya tiene el Parlamento otros ocho para elegir libremente.

Ideología fuera.

Aunque todos los jueces tienen una ideología. Yo mismo la tengo, pero no quiero mostrarla. Creo que es pernicioso para la imagen de la Justicia, porque los jueces sí somos independientes, pero además de serlo, tenemos que parecerlo.

Sólo que quieren elegirse entre ustedes y que los políticos les dejen en paz.

Queremos elegir a los que consideramos que son los mejores entre nosotros. No queremos de nuevo (y ya son varias veces) este lamentable escenario que se ha visto y que dio lugar al 'no' de Marchena (magistrado que renunció a presidir el Supremo y el CGPJ, al ver comprometida su independencia judicial) a presidir un Consejo con unas listas de Vocales que ya habían elegido los partidos políticos antes incluso de pasar por el Parlamento y por la propia elección del Consejo de su Presidente. Desde entonces, el Consejo no ha sido renovado y está en funciones, y mucho tememos que el poder político va a hacer, en breve, exactamente lo mismo: nombrar a las personas que cada partido crean que les serán ideológicamente afines.

¿Que no son independientes?

No digo que no sean independientes: lo son si quieren serlo, pero sí digo que bien pueden no parecerlo. Un ciudadano puede tender a pensar que ese juez, que se ha colocado en tal cargo a propuesta del PP, tiene ciertas tendencias ideológicas que desde luego no le sitúan a la izquierda, y viceversa con el nombrado a propuesta del PSOE, y esto de quien elige a cada cual es importante para la apariencia de independencia, pues al final estas personas, estas altas instancias judiciales, terminan resolviendo asuntos en los cuales están implicados miembros de la política.

¿Cuántos jueces hay en España ahora mismo?

Que estemos ejerciendo la jurisdicción, más de 4.500. Hay algunos cientos más que están en órganos técnicos o en cargos no jurisdiccionales. Aquí en la Región, somos unos 160, a más de 30 unidades judiciales para estar a la par, por ejemplo, con Alicante y Granada.

¿Y cuántas causas pueden llevar a la vez entre manos?

Esto es un calvario. Aquí me entran al año más de 500 causas para juzgar, y más de 800 para ejecutar. Yo soy una persona sola y me gusta, cuando me llega una causa, mirármela. A mí me gusta hacer mi trabajo y, con estos números, no puedo. La Audiencia Provincial también está absolutamente colapsada de trabajo, aunque al menos allí han recibido el apoyo para sobrellevar su excesiva carga de trabajo de jueces y juezas no adscritos a un determinado órgano judicial.

Se lleva hablando tiempo ya de la idea del ‘papel cero’ y su despacho está lleno de carpetas... ¿Cómo va la implantación del Expediente Judicial Electrónico?

No funciona. Da más problemas que soluciones. Esa (señala siete cajas grandes) es la documentación de solamente un pleito. ¿Usted cree que nos podemos mirar eso por vía digital? El Expediente Electrónico no va bien. A mí me ha pasado el comenzar a juzgar un pleito de violencia de género y que las partes dijeran que en esa causa no había parte de lesiones, aunque afortunadamente yo me había dejado las pestallas abriendo archivos informáticos y había comprobado que había hasta dos informes de urgencias, pero se habían escaneado en en lugar erróneo en una carpeta genérica de varias actuaciones distintas en el Expediente Digital. Así no se puede trabajar, da lugar a mayor probabilidad de errores y ralentiza el trabajo. Los jueces en Murcia nos hemos opuesto a que se nos imponga este sistema de funcionamiento que no da garantías suficientes.

¿Son órdenes de arriba el hacerlo obligatoriamente todo digital?

Lo está imponiendo el Ministerio de Justicia, a mi parecer queriendo rentabilizar una supuesta modernización de la Justicia. Pero su falta del correcto funcionamiento hace que tengamos un problema, que al final acaba perjudicando al ciudadano. Nuestro expediente electrónico no puede ser el mismo que el de Hacienda y el de la Administración Sanitaria...

Problemas técnicos que se unen a la saturación a la que aludía antes...

Somos pocos, estamos enfermando, no paramos y no podemos. Aunque empleásemos la totalidad de nuestras vidas, no podríamos prestar la Justicia de calidad que se merece el ciudadano, con el número de jueces y juezas que existe en España.

Algunas veces la sociedad se enerva ante ciertas sentencias, en las que, por ejemplo, las dilaciones indebidas hacen que un condenado acabe sin pisar la cárcel. ¿Algo falla en el Código Penal?

Los jueces liberan o absuelven a los que la ley dispone que pueden o deben ser libertados o absueltos. Las dilaciones indebidas son consecuencia de esto: no se puede dar la Justicia que merece el ciudadano a tiempo con estos medios personales y materiales. Yo entiendo al ciudadano, pero no puedo hacer más, porque si a las diez de la noche no dejo de trabajar, mi mujer se acabará divorciando de mí. Y yo, desde luego, tengo que pensar que el Código Penal está bien hecho, porque lo han hecho los representantes de los ciudadanos, aunque en su aplicación los jueces nos podemos equivocar, somos humanos. Pero para eso tenemos un sistema de recursos, para que el error, si lo hay, lo solucione la instancia judicial superior.

Perfil

Un cartagenero «orgulloso de ser murciano»

«Soy de Cabo de Palos. Cartagenero y muy orgulloso de ser murciano. He sido juez de Instrucción toda la vida. Casi 24 años he estado exclusivamente como juez de Primera Instancia y de Instrucción, hasta que hace tres años dejé la segunda, donde las guardias son matadoras, y pasé al enjuiciamiento», apunta el que ahora es magistrado de Juzgado de Lo Penal Nº 3 de Murcia. «Después de lo quemado que estaba anímicamente en Instrucción, algo he podido ganar, aunque muy poco», apostilla. Antes, siempre ha estado «en partidos judiciales de costa», como Benidorm, Ibiza, San Javier y Cartagena, pues «no sé vivir lejos del mar».