22 de junio de 2019
22.06.2019
Laboral

Tambores de guerra en la Justicia

Alrededor de 1.500 funcionarios de la Región harán huelga en septiembre, a no ser que el nuevo Gobierno central se siente ya a negociar un incremento salarial

22.06.2019 | 04:00
Funcionarios de Justicia protestan en la puerta de los juzgados de Murcia, en una foto del año pasado.

"Pedro Sánchez lo sabe, le hemos mandado cartas", dicen en CC OO

Afirman que cada vez tienen más trabajo y que hace una década que no les suben ni un euro del complemento salarial de 400 euros que reciben. Los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF, STAJ y UGT, que suman prácticamente el 100% de representatividad en la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia, convocarán huelga en la Administración de Justicia no transferida el próximo mes de septiembre si el Ministerio de Justicia no atiende la reivindicación salarial de los funcionarios. En la Región de Murcia, estarían llamados al paro, de hacerse, unos 1.500 empleados públicos.

Flori Martínez García, delegada sindical de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, explicó que llevar a cabo o no el paro «dependerá de si, quien venga, por lo menos se sienta a ver nuestras reivindicaciones». Se refiere a la persona que herede la cartera de Justicia, si es que se confirman los rumores de que Dolores Delgado, ahora ministra en funciones, no continuará al frente.

Los funcionarios de Justicia (14.000 en toda España) destinados en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia (además de la Región, Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Ceuta, Melilla y Órganos Centrales) exigen al nuevo Gobierno (previsiblemente de Pedro Sánchez, ganador de las elecciones) que se siente a negociar de forma inmediata un incremento salarial que permita homologar la cuantía de su complemento específico al que perciben sus compañeros de los mismos Cuerpos nacionales destinados en comunidades autónomas con competencias en Justicia.

En este sentido, Flori Martínez García apostilló que no se trata solamente de una cuestión de dinero: es que cada vez tienen más trabajo, según asegura.

El complemento en cuestión que no les suben está en 400 euros, dinero que supone un plus en el sueldo de cada uno de los empleados públicos. Varía (euro arriba, euro abajo) dependiendo de si se trata del Cuerpo de Auxilio, Tramitación o Gestión. Este complemento se suma al sueldo base y a la antigüedad que tenga cada persona. Se trata de un plus «que cobran todos los funcionarios y, desde hace diez años, está congelado, mientras tenemos más responsabilidades, más programas informáticos, la Oficina Judicial...», relata la sindicalista, que afirma que «todos los funcionarios de Justicia de España cobran exactamente el mismo sueldo: cambia la antigüedad y el complemento salarial marca la diferencia».

«En el País Vasco (tiene las competencias transferidas) por ese mismo concepto cobran 800 euros», asevera Martínez García. «Estas cosas Pedro Sánchez las sabe, porque le hemos mandado muchas cartas», comenta. En este sentido, Comisiones, CSIF, STAJ y UGT hacían público hace unos días que han dirigido un escrito al presidente del Gobierno en funciones y a la ministra de Justicia en funciones denunciando la situación e instándoles a que acaben con la discriminación salarial.

A juicio de estas organizaciones, es importante y urgente que se abra la mesa de negociación con el objetivo de incrementar el complemento específico y cerrar la brecha salarial existente con el resto de la Administración de Justicia. Si no, pararán.

La última actualización de su complemento específico fue en el año 2008, fruto de una huelga indefinida que duró más de dos meses. Desde ese año, los trabajadores destinados en el ámbito que gestiona el Ministerio de Justicia han visto cómo a sus compañeros destinados en las comunidades transferidas se le han subido las retribuciones que perciben en su complemento específico, hasta situarlo a día de hoy en una diferencia salarial que de media se sitúa alrededor de los 300 euros al mes.

«Nosotros queremos un incentivo que nos pueda equiparar a la media, a lo que cobran en otras comunidades, porque estoy trabajando lo mismo que el funcionario del País Vasco», dice la delegada sindical de Comisiones Obreras en la Región de Murcia.

La sindicalista sostiene que «en el Ministerio no se ha sentado a negociar con nosotros este tema». Dado que estaban hartos, se abrió «una consulta, una encuesta a los trabajadores», que decidieron volver a parar y a salir a la calle, para que se les escuche. Con el verano por delante, y la investidura de Pedro Sánchez pendiente, la movilización sería ya en septiembre. A falta de concretar fechas, Martínez García señala que «no va a ser una huelga indefinida», al menos al principio. Comenzarán parando «días sueltos, horas sueltas» y, solo si ven que no les hacen caso, «los trabajadores están dispuestos a llegar a la huelga indefinida». «Primero a ver el nuevo Gobierno, y ver si esta ministra (Dolores Delgado) va a continuar o no», subraya.

No es la primera movilización que protagonizan los funcionarios de Justicia. El año pasado ya se manifestaban, en la provincia y en toda España, bajo el lema 'No a la politización de la Justicia, no a la movilidad forzosa'.

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