17 de junio de 2019
17.06.2019
La Opinión de Murcia
Economía

El Tribunal de Cuentas detecta el pago de pensiones a más de un millar de fallecidos

Cuatro de las receptores de estas nóminas asistenciales, que han costado 11 millones al Estado, estaban en Murcia

16.06.2019 | 19:20
El Tribunal de Cuentas detecta el pago de pensiones a más de un millar de fallecidos

El Tribunal de Cuentas ha detectado en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido (4 de ellas en Murcia), superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros. El informe analiza las nóminas emitidas en diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y cruza esta información con los datos de fallecidos aportados por el Instituto Nacional de Estadística entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2016.

La conclusión del órgano fiscalizador es que existen «debilidades» en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, «debilidades» que, a su juicio, resultan «especialmente significativas» cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas.

En su informe, el Tribunal de Cuentas desvela que el Imserso pagó en 2016 un total de 1.096 pensiones no contributivas a personas ya fallecidas por un importe superior a los 11 millones de euros, del que sólo se han recuperado en torno a 2,2 millones, aproximadamente el 20% de la cantidad global abonada de manera indebida.

No obstante, el órgano fiscalizador señala en este punto que algunas entidades financieras no devuelven el dinero al considerar que son cantidades prescritas por haber transcurrido más de cuatro años. Por ello, el Tribunal recomienda a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de implantar un procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades financieras en la retrocesión de mensualidades que van más allá de los últimos cuatro años.

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